El acuerdo entre la UIF y Pemex permitirá el intercambio de inteligencia financiera y contable para rastrear redes de contrabando, delito que abarca hasta el 40% del diésel y gasolina comercializados en el país.
Legisladores del PAN solicitaron congelar los fondos de Araceli Hernández y Rafael Marín por presuntas irregularidades en la Aduana. Piden investigar delitos de corrupción, vinculados a propiedades en Texas y redes de extorsión en Cancún y Los Cabos. También enfatizan la necesidad de procesos de extinción de dominio sobre bienes corruptos.
El organismo de la SHCP presentó una denuncia ante la FGR y bloqueó las cuentas de los involucrados tras detectar bienes de lujo, empresas fachada y transferencias internacionales vinculadas al grupo delictivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 91 denuncias por delitos financieros contra 1,128 personas en cinco meses, un aumento del 46.8% respecto al año anterior. Además, se registraron 96 acuerdos para bloquear cuentas y 508 demandas de amparo. Las operaciones con activos virtuales ahora son una fuente significativa de actividades vulnerables al lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas de México firmaron un convenio para combatir el comercio ilícito. Este acuerdo permite el intercambio de información estratégica y análisis de datos para prevenir el contrabando y el lavado de dinero, cumpliendo estándares internacionales y protegiendo el sistema financiero mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, desestimando las preocupaciones del INE sobre la posible pérdida de imparcialidad. Aseguró que el organismo no tendrá poder para vetar candidaturas y que las investigaciones serán responsabilidad de instancias como la UIF y la FGR.
La diputada Paulina Rubio del PAN solicitó a la UIF congelar cuentas bancarias del gobernador Rubén Rocha Moya y otros políticos de Morena, tras vínculos con actividades del crimen organizado. Pide acción inmediata para evitar el lavado de dinero antes de un posible proceso de extradición, subrayando la urgencia de combatir la «narcopolítica».
Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de ley para prohibir el bloqueo de cuentas bancarias sin autorización judicial. La propuesta busca proteger los derechos fundamentales, evitando decisiones arbitrarias y garantizando el debido proceso, al requerir pruebas objetivas antes de cualquier restricción financiera.
El máximo tribunal determinó que la inmovilización de recursos es una medida administrativa preventiva y no penal. La UIF podrá incluir usuarios en la lista de bloqueados basándose en indicios locales, sin requerir peticiones extranjeras.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió a las autoridades garantizar la estabilidad del Tren Maya ante hundimientos reportados. También rechazó la decisión de la SCJN sobre la UIF, considerándola un retroceso constitucional que afecta derechos y genera inseguridad jurídica, poniendo en riesgo a empresas y trabajadores.