Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar los recursos financieros de Araceli Hernández y Rafael Marín, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras señalamientos por presuntas operaciones irregulares conocidas como huachicol fiscal.
Los diputados federales Paulina Rubio y Federico Döring requirieron la intervención directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para iniciar los procedimientos que deriven en la investigación, sanción e inhabilitación de la exdirectora de compras de la dependencia.
El grupo parlamentario argumentó que la adquisición de propiedades residenciales en Texas por parte de los exfuncionarios coincide con acusaciones sobre presuntas redes de extorsión operadas en destinos como Cancún y Los Cabos, donde los panistas señalan vínculos con estructuras delictivas extranjeras.
Acciones de extinción de dominio
Al respecto, el legislador local Raúl Torres Guerrero planteó que el Estado mexicano debe promover procesos de extinción de dominio sobre los bienes inmuebles localizados en territorio estadounidense que se comprueben como producto de actos de corrupción gubernamental.
Torres Guerrero enfatizó que el curso legal de estas indagatorias patrimoniales servirá como un indicador para evaluar las directrices del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la persecución de delitos cometidos por funcionarios de la propia administración.
Antecedentes inmobiliarios
En su posicionamiento institucional desde San Lázaro, los legisladores conectaron este reciente señalamiento con controversias previas de la pasada administración. Específicamente, trajeron a colación el caso inmobiliario que involucró a José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams con la empresa contratista Baker Hughes.
Los registros documentales de ese caso, expuestos nuevamente por la fracción panista, refieren la asignación de contratos petroleros por más de un millón de dólares a filiales de la compañía en los meses posteriores a la ocupación del inmueble, un patrón que la oposición demanda investigar sistemáticamente en las áreas de control marítimo y aeroportuario.
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