La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que la Fiscalía General de la República no encontró pruebas que sustenten la urgencia de extradición en el Caso Sinaloa. La solicitud es provisional y carece de fundamentos. Además, se denunció una violación a la confidencialidad del proceso, afectando la presunción de inocencia.
La dependencia federal rechazó la solicitud de extradición emitida por una corte de Nueva York, al determinar que la documentación enviada por Estados Unidos no integra evidencias que acrediten delitos para sustentar una detención.
La institución evaluará la viabilidad de las solicitudes estadounidenses bajo la ley mexicana. Precisó que la petición carece de pruebas contundentes y recordó que, para capturar a gobernadores o senadores, debe realizarse un juicio de procedencia.
La SRE recibió solicitudes de extradición de EE. UU. contra el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Ignacio Mier señaló que el expediente carece de sustento inicial y será turnado a la FGR para su análisis jurídico.
La Cancillería turnó los expedientes a la FGR tras detectar que la documentación de la Embajada carece de pruebas de responsabilidad inmediata. El gobierno mexicano enviará un extrañamiento por la ruptura de la confidencialidad del proceso.
La autoridad federal analiza la responsabilidad de funcionarios de Chihuahua tras la muerte de elementos de la CIA en la Sierra Tarahumara. Se indaga si la colaboración binacional en el operativo vulneró leyes de seguridad nacional.
La justicia federal revirtió el cierre de la indagatoria dictado por la FGR en diciembre pasado. Ahora, la fiscalía deberá investigar al líder de La Luz del Mundo en México por trata de personas, pornografía infantil y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República investiga la posible operación de la CIA en Chihuahua, cuestionando la legalidad de su presencia. La gobernadora Maru Campos y otras autoridades comparecerán ante el Senado para explicar su marco legal. Este caso podría afectar la soberanía y el federalismo mexicano, implicando posibles sanciones.
La fiscal Ernestina Godoy reconoció que la FGR debe reducir la cifra negra del 95% y fortalecer la judicialización de casos. El nuevo plan prioriza delitos contra mujeres y migrantes, utilizando tecnología para evitar sentencias absolutorias.
El diputado Luis Gerardo Sánchez presentó un exhorto para que la STPS y el SAT implementen un padrón verificable de reclutadores digitales. La medida busca evitar que vacantes falsas sirvan como red de enganche para la delincuencia.