La propuesta gubernamental prevé un gasto de inversión física equivalente al 2.6% del PIB, un tope de deuda pública del 55% e incrementos presupuestales para los sectores de salud, educación, seguridad y campo durante 2027.
El legislador Manuel Añorve advirtió que sancionar con cinco años de cárcel el uso de marcas oficiales sin excepciones claras vulnera el periodismo, la sátira y la parodia, tras confirmar que su bancada votará en contra.
El coordinador de los diputados del PAN sostuvo que la deuda pública se ha duplicado durante la presente administración y cuestionó la inasistencia de la bancada mayoritaria en la comparecencia del titular de Hacienda.
La bancada priista en la Cámara de Diputados cuestionó el proyecto financiero para 2027 al señalar un déficit público superior al billón de pesos, reducciones acumuladas al campo y una deuda total proyectada de 22 billones de pesos.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó la necesidad de una gestión fiscal responsable y transparente para fomentar el desarrollo de México. Durante la comparecencia del titular de la SHCP, subrayó que la rendición de cuentas es esencial para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en democracia.
El diputado Héctor Saúl Téllez del PAN criticó las finanzas públicas en la Cámara de Diputados, alertando que la deuda alcanzará 22 billones de pesos en 2026, un 55 % del PIB. Señaló la reducción del 12.3 % en inversión física y la carga de subsidios a proyectos estatales, lo que podría aumentar la informalidad laboral.
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) criticó el Paquete Económico 2027, alertando sobre un desequilibrio entre ingresos y gastos que generará un déficit de 1.5 billones de pesos. Destacó el alto costo del servicio de la deuda y la caída en la recaudación del ISR, advirtiendo sobre la incertidumbre que afecta la inversión extranjera.
El Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal y la Ley de Protección a la Propiedad Industrial para proteger derechos de autor y penalizar la suplantación de identidad gráfica institucional. Los cambios incluyen penas de uno a cinco años de prisión. La oposición teme que afecten la libertad de expresión.
La protesta contra el exmandatario en el Centro Cultural Los Pinos ocurrió paralelamente a manifestaciones en Paseo de la Reforma, motivadas por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro emitido durante su administración.
El legislador exhortó al partido a no asumir costos por conductas ilícitas de terceros tras ser cuestionado por las investigaciones contra el contratista Amílcar Olán, indicando que corresponde a la FGR determinar si existen carpetas de investigación.