La autoridad federal analiza la responsabilidad de funcionarios de Chihuahua tras la muerte de elementos de la CIA en la Sierra Tarahumara. Se indaga si la colaboración binacional en el operativo vulneró leyes de seguridad nacional.
La justicia federal revirtió el cierre de la indagatoria dictado por la FGR en diciembre pasado. Ahora, la fiscalía deberá investigar al líder de La Luz del Mundo en México por trata de personas, pornografía infantil y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República investiga la posible operación de la CIA en Chihuahua, cuestionando la legalidad de su presencia. La gobernadora Maru Campos y otras autoridades comparecerán ante el Senado para explicar su marco legal. Este caso podría afectar la soberanía y el federalismo mexicano, implicando posibles sanciones.
La fiscal Ernestina Godoy reconoció que la FGR debe reducir la cifra negra del 95% y fortalecer la judicialización de casos. El nuevo plan prioriza delitos contra mujeres y migrantes, utilizando tecnología para evitar sentencias absolutorias.
El diputado Luis Gerardo Sánchez presentó un exhorto para que la STPS y el SAT implementen un padrón verificable de reclutadores digitales. La medida busca evitar que vacantes falsas sirvan como red de enganche para la delincuencia.
El Senado recibió el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, elaborado por la FGR, que busca mejorar la eficacia penal y coordinar instituciones de seguridad. Este plan, centrado en tecnología y análisis de datos, pretende reducir la impunidad y fortalecer la justicia, con un respaldo legislativo clave para su implementación.
La fiscal Ernestina Godoy presentó un plan de modernización de la Agencia de Investigación Criminal para combatir la violencia. El organismo buscará integrar casos sólidos y colaborar con la ONU para atender la crisis de desaparecidos.
Un total de 145 víctimas, incluyendo 31 menores de edad, aceptaron acuerdos compensatorios tras el accidente en Oaxaca. La FGR confirmó que el exceso de velocidad fue la causa técnica que provocó el descarrilamiento de la unidad.
Tras una reposición del proceso iniciado en 2012, la FGR acreditó la responsabilidad de los detenidos en delitos federales. Las penas oscilan entre los 17 y 24 años de prisión para los operadores de la célula criminal en Tabasco.
La detención en Texas por parte del ICE derivó en una solicitud de la fiscalía de Chihuahua para concretar su entrega. La mujer es investigada por su presunta relación con el esquema de lavado de dinero atribuido a César Duarte.