La dirigencia de Morena celebró la determinación de la FGR al no mantener indagatorias abiertas contra el hijo del expresidente López Obrador y atribuyó la creación de redes de contrabando de combustible a la reforma energética de 2013.
La FGR obtuvo la medida judicial tras cumplimentar dos cateos en Mazatlán, Sinaloa, donde se incautaron armas, pertrechos tácticos, fentanilo, metanfetamina y aproximadamente 100 mil dólares en efectivo a los imputados.
A través del Centro Prodh, los familiares indicaron desconocer los detalles de la imputación iniciada por la FGR, pero afirmaron que, de fundamentarse adecuadamente, la acción penal puede contribuir a saldar una deuda de justicia.
La aprehensión en el Estado de México fundamenta cargos por desaparición forzada y ocultamiento de evidencia tras recabarse dos declaraciones de testigos protegidos que señalan una instrucción directa desde el Ejecutivo estatal.
Las intervenciones de las autoridades federales se derivaron de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia, logrando el decomiso de más de un millón de litros de combustible, maquinaria y equipo informático en tres estados del país.
La Fiscalía General de la República desmanteló cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, asegurando más de 500,000 litros de hidrocarburos. Las operaciones, coordinadas con la FEMDO y otras instituciones de seguridad, forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
La dependencia federal rechazó que exista persecución política en el caso de «huachicol» fiscal e indicó que las pruebas sostienen la presunta participación del exmandatario y siete personas más en el contrabando de combustible .
El organismo de la SHCP presentó una denuncia ante la FGR y bloqueó las cuentas de los involucrados tras detectar bienes de lujo, empresas fachada y transferencias internacionales vinculadas al grupo delictivo.
El fallo inicial rechazó las aprehensiones por fallas en la acreditación de delincuencia organizada y contrabando, pero una segunda solicitud con más datos de prueba y dos nuevos imputados fue autorizada por una jueza de guardia.
La mandataria remitió a la FGR los cuestionamientos sobre el decomiso de 15 mil millones de dólares a Ismael Zambada y defendió la estrategia de atención a las causas frente al mensaje del capo dirigido a los jóvenes.