Un juez federal negó inicialmente una solicitud de orden de aprehensión presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 23 personas vinculadas a un esquema de «huachicol» fiscal, tras señalar severas deficiencias de argumentación y fundamentación legal en la petición ministerial.
El 22 de junio pasado, Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la representación social no logró acreditar cómo los hechos investigados se encuadraban en los delitos de delincuencia organizada, contrabando e ilícitos en materia de hidrocarburos.
“Se advierte su falta de argumentación en la petición de orden de aprehensión”, asentó el juzgador en su resolución. “La representación social se debió encargar de justificar con datos de prueba y argumentos que detalle expresamente en su solicitud (…), por el contrario se avocó a exponer un resumen sobre la forma en que se configuraban los ilícitos”, añadió.
Inconsistencias procesales y falta de facultades
Entre las irregularidades expuestas en el expediente, el juez destacó el caso de Armando III Riestra, imputado por contrabando, a quien el Ministerio Público ni siquiera mencionó como persona física dentro de la denuncia formal.
Asimismo, la FGR sustentó la acusación de contrabando en un oficio emitido el 16 de junio por Isaac Alejo Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). No obstante, el juzgador precisó que dicho funcionario carece de facultades legales para denunciar tal delito, atribución que corresponde a la Dirección General Jurídica de Aduanas o a las Direcciones de lo Contencioso y Amparos.
Elizondo Martínez enfatizó que “la emisión de una orden de aprehensión no se trata de un acto automático” y criticó que la fiscalía se limitara a transcribir registros sin realizar un análisis de correlación entre las conductas descritas y los tipos penales imputados.
Concesión del mandato judicial en un segundo intento
Tras el fallo en contra, la FGR reestructuró la solicitud e integró 465 páginas y 96 datos de prueba —incluyendo a dos personas adicionales, entre ellas al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel—.
El 14 de julio, la jueza de distrito Alejandra Ramírez de la Vega, quien se encontraba de guardia, autorizó las órdenes de aprehensión contra 25 personas al considerar que la nueva petición ministerial planteaba los elementos necesarios para proceder.
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