La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en el Estado de México al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, vinculados a los hechos del 26 de septiembre de 2014 en los que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la detención se ejecutó a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, luego de que un juez librara la orden correspondiente a solicitud del Ministerio Público Federal.
Fundamentos de la investigación
Según lo expuesto por la titular de la FGR, la solicitud del mandato judicial derivó de un «reanálisis profundo, exhaustivo y detallado» de las actuaciones del caso, respaldado por dos testimonios de colaboradores directos del Ejecutivo estatal recopilados en 2026 bajo la figura de testigos protegidos:
«Acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes», declaró Godoy.
La fiscal precisó que las pruebas sostienen que la alteración de elementos probatorios no correspondió a un descuido técnico:
«Permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal».
Testimonios clave recopilados en 2026
De acuerdo con los datos brindados por la dependencia, la primera declaración se recabó en enero de 2026, donde un colaborador confirmó la existencia de videograbaciones que habrían sido sustraídas y entregadas directamente al exgobernador, señalando que guardó silencio previa existencia de amenazas.
Posteriormente, en mayo de 2026, el segundo testigo protegido afirmó que Aguirre Rivero ordenó la eliminación de toda evidencia relacionada con los normalistas durante una reunión de alto nivel.
La FGR concluyó manifestando que las investigaciones científicas sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos continuarán en desarrollo.
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