El gobernador con licencia de Sinaloa afirmó en su cuenta de X que no ha salido de Culiacán y que ya declaró ante la FGR, tras cumplir 69 días sin mantener apariciones públicas ni registros visuales de sus actividades oficiales.
El ataque dejó también tres presuntos integrantes de «Los Chapitos» detenidos en la localidad de El Rosario, luego de un ataque con explosivos que causó la muerte de un elemento federal y lesiones a tres uniformados más.
La HSI republicó las fichas de búsqueda de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, ofreciendo 10 millones de dólares por cada uno, tras catalogarlos como los únicos herederos de la estructura de «Los Chapitos» que siguen prófugos.
La dirigencia nacional del partido descartó expulsar a los 10 políticos sinaloenses investigados por presuntos nexos con el narcotráfico, argumentando que esperarán a que las autoridades judiciales presenten evidencias contundentes.
La comparecencia del exsecretario de Seguridad de Sinaloa se realizará el 1 de junio en Nueva York, luego de que la corte negara la prórroga solicitada por el fiscal Jay Clayton para postergar el inicio del proceso legal.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado de recibir sobornos mensuales de 100 mil dólares de Los Chapitos, aguarda en prisión preventiva la reprogramación de su comparecencia ante una jueza federal de Nueva York.
Tras los señalamientos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, Enrique Díaz Vega compareció ante la justicia de Nueva York, sumándose a la detención del general Gerardo Mérida Sánchez ocurrida recientemente en la frontera con Arizona.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa fue capturado tras cruzar la frontera por Nogales y trasladado a una prisión en Brooklyn, donde enfrenta cargos por narcotráfico y posesión de armas de alto poder que ameritan cadena perpetua.
El exfuncionario es vinculado con una red de sobornos de «Los Chapitos» para filtrar información sobre operativos. Pese a contar con un amparo en México, fue capturado en Arizona y enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua.
La calificadora advierte que las investigaciones de Estados Unidos contra exfuncionarios estatales elevan el riesgo para obtener créditos bancarios y podrían deteriorar la liquidez de la entidad debido a la incertidumbre institucional.