El citatorio de la Fiscalía General de la República para 10 personas, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, marca un hito en el panorama judicial mexicano. Las acusaciones relacionadas con «Los Chapitos» generan dudas sobre la autenticidad del compromiso estatal en la lucha contra la impunidad y la influencia del crimen organizado en la política.
Un juez dictó prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya a los detenidos, incluyendo a su líder alias «Don Ramón», imputados por narcotráfico y posesión de armas exclusivas tras un enfrentamiento en Yautepec.
Fernando “N”, alias “El Cabo”, enfrenta cargos por delincuencia organizada y trata tras ser identificado como el responsable de un campo de adiestramiento en Jalisco donde se rescató a 37 personas a inicios de 2025.
La institución unificó los expedientes sobre los comicios de 2021 y el caso de la finca Huertos del Pedregal en una sola carpeta, mientras espera los datos de la Corte de Nueva York sobre los supuestos nexos del exgobernador con el grupo de «Los Chapitos».
El tribunal federal rechazó el amparo del exdirector de Pemex y confirmó la pérdida de su inmueble en Lomas de Bezares, el cual fue comprado con fondos de los sobornos de la planta Agronitrogenados.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que la Fiscalía General de la República no encontró pruebas que sustenten la urgencia de extradición en el Caso Sinaloa. La solicitud es provisional y carece de fundamentos. Además, se denunció una violación a la confidencialidad del proceso, afectando la presunción de inocencia.
La dependencia federal rechazó la solicitud de extradición emitida por una corte de Nueva York, al determinar que la documentación enviada por Estados Unidos no integra evidencias que acrediten delitos para sustentar una detención.
La institución evaluará la viabilidad de las solicitudes estadounidenses bajo la ley mexicana. Precisó que la petición carece de pruebas contundentes y recordó que, para capturar a gobernadores o senadores, debe realizarse un juicio de procedencia.
La SRE recibió solicitudes de extradición de EE. UU. contra el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Ignacio Mier señaló que el expediente carece de sustento inicial y será turnado a la FGR para su análisis jurídico.
La Cancillería turnó los expedientes a la FGR tras detectar que la documentación de la Embajada carece de pruebas de responsabilidad inmediata. El gobierno mexicano enviará un extrañamiento por la ruptura de la confidencialidad del proceso.