La Fiscalía General de la República (FGR) defendió la investigación por el caso de «huachicol» fiscal que mantiene vinculado a proceso al exgobernador Ernesto Ruffo y a siete personas más, descartando que el procedimiento judicial responda a motivos políticos .
El pronunciamiento del organismo federal se produjo en respuesta a una carta pública emitida por exmandatarios en la que acusaban persecución en contra de Ruffo . Al respecto, la institución sostuvo que «fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política» .
Origen y alcance de las investigaciones
De acuerdo con el informe de la fiscalía, las pesquisas derivaron inicialmente del hallazgo de 33 ferrotanques en el estado de Coahuila . Posteriormente, la ampliación de las indagatorias permitió detectar operaciones relacionadas en las entidades de San Luis Potosí y Nuevo Laredo .
La FGR identificó una «operación logística de mayor dimensión» que contaba con instalaciones específicas para la recepción, almacenamiento y distribución del hidrocarburo . Dentro de esta estructura, las autoridades señalaron a la firma Ingemar como la principal empresa importadora, en la cual participan Ernesto Ruffo y José Merino .
Actividades imputadas y postura oficial
Según lo expuesto por la dependencia, ambos señalados habrían desempeñado labores en las áreas de administración, comercio exterior y gestiones ante autoridades aduaneras y fiscales .
La FGR reiteró que las acciones legales responden a hechos verificables del ámbito penal y concluyó que «Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido» .
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