La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible ubicados en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, logrando el aseguramiento de más de medio millón de litros de hidrocarburos e infraestructura industrial especializada.
Las intervenciones legales fueron conducidas por el Ministerio Público Federal en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Las diligencias que derivaron en las órdenes de cateo se originaron por reportes sobre el ingreso recurrente de autotanques a instalaciones tipo nave industrial.
Estas acciones operativas se ejecutaron dentro del marco institucional de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos. El despliegue requirió la articulación técnica de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad, involucrando al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística.
Operativos simultáneos en tres entidades
La intervención de mayor volumen se registró en un predio del municipio de San Luis Potosí. En el sitio, las autoridades incautaron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros, 894 tótems de mil litros, cilindros de almacenamiento, maquinaria asfaltadora y generadores eléctricos, junto con un volumen de 500 mil a 600 mil litros de petrolífero.
En la misma entidad, dentro de la localidad de Laguna de San Vicente, se inhabilitó una segunda instalación equipada con 18 tanques verticales y dos líneas de producción de hidrocarburo. En este punto se aseguraron 40 mil litros de petrolífero tipo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico.
Por su parte, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la ejecución ministerial resultó en la localización de 57 contenedores de distintas dimensiones que almacenaban 456 mil 300 litros de presunto hidrocarburo. En Cuautla, Morelos, se aseguró un cuarto inmueble identificado por el tránsito irregular de pipas escoltadas.
Los predios intervenidos, la maquinaria especializada, los vehículos y el producto químico incautado quedaron a disposición de la representación ministerial. Estos elementos de prueba forman parte de las carpetas de investigación correspondientes para la persecución de delitos vinculados a la delincuencia organizada.
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