La Fiscalía Especializada de la FGR asumió la carpeta sobre la sustracción violenta de Roxana Guzmán en Veracruz, caso en el que las autoridades ministeriales confirmaron que aún no se registran personas detenidas ni procesadas.
La captura de Fernando «N» se efectuó en la alcaldía Cuauhtémoc tras el hallazgo de evidencias biológicas de una agresión en su domicilio, las cuales contradicen la denuncia por extravío que él mismo interpuso en abril.
El arresto realizado en Coahuila vincula al detenido con actividades de adiestramiento ilícito y privación ilegal de la libertad en el predio «La Galera». El imputado ya fue trasladado a Jalisco para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Ignacio Mier defendió ante Volker Türk los avances legislativos contra la desaparición forzada y descartó que el Estado sea cómplice del crimen. Además, anunció posibles comparecencias por la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua.
La misiva entregada a Volker Türk señala que existen más de 133,000 casos sin resolver en el país. El legislador priista acusó omisión gubernamental y ofreció el respaldo de su bancada a los colectivos de familias y madres buscadoras.
La organización respalda ante la ONU la activación de protocolos internacionales frente a una cifra de 133 mil desaparecidos. Exigen proteger a los 2,341 colectivos de búsqueda y reconocer la participación de autoridades en estos delitos.
La mandataria argumentó que la situación actual es consecuencia de estrategias de seguridad previas y descartó motivos políticos en el rechazo al documento internacional. Sostuvo que el análisis de Naciones Unidas carece de rigor técnico.
Grupos de búsqueda consideran que el escrutinio de la Asamblea General de la ONU es vital ante los 819 casos acumulados. Piden a la Presidencia una estrategia nacional que incluya a las familias y reconozca las fallas estructurales.
La mandataria sostuvo que el Comité de la ONU omitió pruebas enviadas por México y utilizó datos de 2009 para evaluar el presente. El organismo internacional ubica al país con el 38% de las acciones urgentes globales por desaparición.
Se ha activado el Artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada en México, evidenciando un patrón sistemático de desapariciones que podrían ser crímenes de lesa humanidad. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y el aumento de presupuesto, las cifras continúan aumentando, lo que genera una crisis de confianza en la efectividad del Estado.