Mary Lawlor, relatora del organismo, señaló que intereses del crimen organizado y autoridades mantienen en riesgo a defensores en Chiapas. El reporte coincide con la visita de Volker Türk y la postura oficial ante la crisis de desaparecidos.
Ignacio Mier defendió ante Volker Türk los avances legislativos contra la desaparición forzada y descartó que el Estado sea cómplice del crimen. Además, anunció posibles comparecencias por la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua.
La misiva entregada a Volker Türk señala que existen más de 133,000 casos sin resolver en el país. El legislador priista acusó omisión gubernamental y ofreció el respaldo de su bancada a los colectivos de familias y madres buscadoras.
Organizaciones de familiares denunciaron omisiones en fiscalías y el extravío de expedientes durante la visita del Alto Comisionado de la ONU. Exigen que el organismo internacional presione al gobierno federal ante la crisis forense nacional.
El informe anual 2025 sitúa al país como el segundo más peligroso para activistas, registrando 32 asesinatos. La ONU activó protocolos especiales ante la sospecha de que las desapariciones se realicen de forma sistemática en el territorio.
La organización respalda ante la ONU la activación de protocolos internacionales frente a una cifra de 133 mil desaparecidos. Exigen proteger a los 2,341 colectivos de búsqueda y reconocer la participación de autoridades en estos delitos.
La Diputada Noemí Berenice Luna Ayala propuso una reforma para proteger a las víctimas de desapariciones en México, reconociendo estos actos como delitos de lesa humanidad. Criticó al Gobierno Federal por minimizar la crisis humanitaria y a la CNDH por perder su autonomía. Se demanda un fondo permanente y protección para buscadoras.
Los activistas Raúl Servín y Maribel Cedeño fundaron «Desaparecidos sin Justicia». El surgimiento del grupo ocurre tras un informe de la ONU que contabiliza 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de México hasta 2026.
La mandataria argumentó que la situación actual es consecuencia de estrategias de seguridad previas y descartó motivos políticos en el rechazo al documento internacional. Sostuvo que el análisis de Naciones Unidas carece de rigor técnico.
Grupos de búsqueda consideran que el escrutinio de la Asamblea General de la ONU es vital ante los 819 casos acumulados. Piden a la Presidencia una estrategia nacional que incluya a las familias y reconozca las fallas estructurales.