Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos manifestaron su respaldo a la determinación del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de elevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU. Los grupos civiles señalaron que esta medida coloca al Estado bajo un escrutinio internacional necesario ante la persistencia de la problemática en el país.
De acuerdo con el informe del organismo internacional, México concentra el 38 % del total global de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, acumulando 819 casos entre 2012 y febrero de 2026. La preocupación de los activistas se sustenta en el repunte reciente, ya que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas solicitudes, cifra que supera los registros de otras naciones en periodos más extensos.
Exigencia de diálogo y estrategia nacional
Las familias de las víctimas insistieron en que el gobierno federal debe reconocer la magnitud de la crisis y abrir canales reales de diálogo. Uno de los reclamos centrales es que la Presidencia de la República convoque a los colectivos afectados para diseñar una Estrategia Nacional de Búsqueda que responda a la realidad operativa del país, más allá de las cifras oficiales.
«El diálogo no es opcional, sino la única vía viable para reconstruir la confianza», subrayaron las organizaciones en su posicionamiento. Consideran que el paso dado por la ONU es una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad en las fallas estructurales que han impedido avances sustanciales en la localización de personas y la procuración de justicia.
Postura del gobierno federal
En contraste, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto donde calificaron el informe de la ONU como “tendencioso”. Las dependencias federales cuestionaron el rigor jurídico del documento y argumentaron que el Comité omitió los esfuerzos institucionales realizados en los últimos años.
Según la postura oficial, el organismo internacional no consideró adecuadamente la información proporcionada por el Estado mexicano, lo que genera una visión incompleta de la situación. Esta respuesta oficial marca una división respecto a la percepción de los colectivos de búsqueda, quienes sostienen que la crisis continúa en crecimiento y requiere una intervención internacional más amplia.
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