La organización Amnistía Internacional solicitó formalmente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU declarar la crisis de desapariciones en México como una emergencia nacional. A través de una carta que respalda la activación del Artículo 34 de la convención internacional, el organismo internacional destacó que el país registra más de 133 mil personas desaparecidas y una tasa de impunidad del 99.6%.
La organización calificó la decisión del Comité de la ONU de activar este procedimiento como un «hito histórico», señalando que permite establecer un diálogo directo con el Estado mexicano ante una problemática que, según el documento, ha sido minimizada por las autoridades.
Magnitud de la crisis y hallazgos
Los datos presentados por Amnistía Internacional detallan que desde el año 2006 se han contabilizado 118,207 personas desaparecidas y no localizadas, cifra que representa el 89% del total histórico. Asimismo, se reporta la existencia de más de 72 mil cuerpos sin identificar y el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en territorio nacional.
La problemática ha propiciado la formación de 2,341 colectivos de familiares, integrados principalmente por mujeres buscadoras que, de acuerdo con la denuncia, enfrentan riesgos críticos como amenazas, agresiones y asesinatos durante sus labores de búsqueda en campo.
Responsabilidad de autoridades e impunidad
Amnistía Internacional cuestionó la postura oficial que adjudica las desapariciones exclusivamente a grupos delictivos. El reporte advierte que se han documentado casos donde el crimen organizado actúa con la autorización o aquiescencia de autoridades, además de eventos donde servidores públicos participan de manera directa en los hechos.
En sus conclusiones, la organización sostuvo que las desapariciones en México poseen un carácter generalizado y sistemático. Ante este escenario, exigió al Estado mexicano reconocer la emergencia con resultados medibles, garantizar la protección de los colectivos de búsqueda y aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer los procesos de justicia y reducir los niveles de impunidad.
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