Se ha activado el Artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada en México, evidenciando un patrón sistemático de desapariciones que podrían ser crímenes de lesa humanidad. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y el aumento de presupuesto, las cifras continúan aumentando, lo que genera una crisis de confianza en la efectividad del Estado.
El máximo tribunal anuló una sentencia que liberaba a un servidor público implicado en la desaparición de una activista. La SCJN determinó que los jueces deben aplicar un escrutinio especializado debido a la naturaleza clandestina del delito.
Las desapariciones se dispararon 120% en una década, superando los 39 mil casos en la actual administración federal. La tendencia semanal se mantiene constante con picos de 750 personas. El Estado de México lidera con 6,890 casos. Expertos denuncian una posible sobreclasificación y falta de interés en la «paz positiva» por parte del gobierno.
Familiares de Kimberly Moya bloquearon Periférico tras la detención de dos hombres acusados de privarla de la libertad. La joven sigue sin ser localizada.
Activistas de Nayarit critican al gobierno federal y estatal por no acompañar búsquedas de desaparecidos en Huajicori pese al aumento de casos y riesgos por presencia de cárteles.
La propuesta del diputado Jericó Abramo Masso permitiría enviar alertas por celular en un radio de 100 km tras la denuncia de desaparición de un menor, sin requerir nueva infraestructura.
La Ciudad de México muestra un preocupante aumento en desapariciones, con siete casos diarios en seis alcaldías. Entre los 249 casos activos, la mayoría son jóvenes de 15 a 34 años. Las autoridades intensifican esfuerzos de búsqueda y coordinación para enfrentar este problema, mientras la ciudadanía exige más recursos y atención.
El senador propone incluir a colectivos de búsqueda como auxiliares de la CNB y crear un banco de ADN en la iniciativa de Sheinbaum, que será discutida la próxima semana en el Senado.
La propuesta incluye la creación de la Plataforma Única de Identidad, que utilizaría la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento central de identificación.
Amnistía Internacional advierte que la política del gobierno carece de un enfoque integral, excluye a colectivos de búsqueda y no garantiza la seguridad ni identificación de víctimas.