La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó en conferencia de prensa que en México se registran 135,105 personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos sin identificar, además de miles de fosas clandestinas. Ante este panorama, la legisladora señaló que la atención a las familias y a las madres buscadoras debe ser catalogada como una prioridad nacional.
López Rabadán detalló que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, robustecer las investigaciones, incrementar las capacidades forenses y garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Asimismo, enfatizó la urgencia de atender de manera prioritaria y sin sesgos políticos a las víctimas, colectivos y organizaciones.
Reconocimiento y diálogo con colectivos
Durante su mensaje, la diputada reconoció el hecho de que se haya recibido a madres buscadoras; sin embargo, puntualizó que es necesario ampliar el diálogo para conocer sus demandas de primera mano y traducirlas en acciones concretas. Entre las agrupaciones y activistas con trayectoria mencionadas en el informe se encuentran Ceci Flores de Madres Buscadoras de Sonora, Raúl Servín de Guerreros Buscadores de Jalisco, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Grace Fernández de Búscame Buscando Desaparecidos México, el Centro Prodh, Sabuesos Guerreras de Culiacán, el Colectivo Solecito de Veracruz, entre otros.
Agenda internacional y presupuesto
La legisladora refirió que la crisis de desapariciones en el país forma parte de la agenda internacional. Al respecto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió sobre indicios fundados de que las desapariciones podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, aunado a niveles alarmantes de impunidad.
Como respuesta a estos señalamientos, se planteó que el Estado mexicano requiere realizar una mayor inversión en tecnología, asignar un presupuesto focalizado para la localización de las víctimas y proveer garantías de seguridad para las madres buscadoras, quienes frecuentemente realizan labores que corresponden a las instituciones públicas. Finalmente, se hizo un llamado a la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses a actuar con urgencia y coordinación.
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