La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su rechazo al informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), el cual señala indicios de crímenes de lesa humanidad en el país. Durante su conferencia matutina, la mandataria argumentó que el organismo internacional omitió la documentación enviada por el Gobierno Federal y utilizó datos desactualizados para calificar la situación actual a nivel nacional.
Según la titular del Ejecutivo, el análisis del comité se basó en casos ocurridos en solo cuatro estados entre 2009 y 2017, los cuales fueron «extrapolados» de manera inexacta al contexto de 2025. «Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento (…) no estamos de acuerdo con este informe que se presentó», puntualizó Sheinbaum ante la prensa.
Postura oficial frente a la desaparición forzada
La mandataria defendió las acciones de su administración y marcó una distinción entre las gestiones pasadas y la actual. «Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano», afirmó, tras sostener que bajo la visión de su gobierno no se utiliza este mecanismo como control o represión.
Sheinbaum adelantó que se establecerá una relación estrecha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para exponer las razones del desacuerdo y detallar las políticas vigentes en la materia.
Datos del comité y registros nacionales
El informe del CED destaca que México es la nación con más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, acumulando 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38% del total global. El organismo alertó sobre un repunte significativo, con 40 nuevas solicitudes registradas apenas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Por su parte, el Gobierno de México reconoció recientemente, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que la cifra oficial de personas desaparecidas en el país supera las 130 mil. Pese a la magnitud de la cifra, la administración federal sostiene que los criterios de evaluación del comité internacional no reflejan los esfuerzos institucionales realizados en los últimos meses.
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