La integrante del máximo tribunal del país retomó sus actividades en el pleno tras concluir el permiso médico otorgado por la institución el pasado 27 de abril, el cual cubrió una ausencia iniciada a mediados del mes anterior.
El máximo tribunal ordenó revisar una sentencia de la Ciudad de México para garantizar que las reparaciones económicas no vulneren el derecho a la información. La medida busca proteger el debate público sin desproteger el honor.
La iniciativa busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que el congelamiento de activos por parte de la UIF requiera siempre el aval de un juez, bajo el argumento de proteger el patrimonio y la subsistencia de los ciudadanos.
La ausencia de la funcionaria se extenderá hasta el 10 de mayo, periodo en el que no participará en las sesiones del pleno. El tribunal confirmó que la medida se ajusta a la normativa tras registrarse su inasistencia desde mediados de abril.
La ministra de la SCJN presentó un proyecto que exime al ISSSTE, dirigido por su hermano, del pago de impuestos y derechos locales. La resolución implica un ahorro de 5 mil 810 millones de pesos para la institución, afectando a la CDMX.
La SCJN votará el proyecto del ministro Figueroa Mejía que propone invalidar el artículo 480 del código penal poblano por su ambigüedad. Se requieren seis votos para anular las penas de hasta tres años de cárcel por este concepto.
El máximo tribunal determinó que la inmovilización de recursos es una medida administrativa preventiva y no penal. La UIF podrá incluir usuarios en la lista de bloqueados basándose en indicios locales, sin requerir peticiones extranjeras.
El máximo tribunal confirmó que la Secretaría de Hacienda puede inmovilizar fondos por indicios de lavado de dinero. La mayoría de ministros consideró que la medida es administrativa y respeta el derecho de audiencia de los usuarios.
La resolución revoca la suspensión que permitía a la empresa usar símbolos indígenas en su publicidad. El fallo prioriza la reforma constitucional de 2024 sobre los intereses comerciales de servicios turísticos y hoteleros.
El organismo internacional analiza aplicar un proceso acelerado para dictaminar sobre las denuncias de 65 jueces. El Estado mexicano cuenta con un plazo de 40 días para justificar los cambios legales ante acusaciones de despidos masivos.