La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa de reforma para eliminar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Esta propuesta busca revertir la legislación aprobada en 2022 por el propio PT y Morena, la cual fue validada recientemente, el pasado 6 de abril, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los senadores Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos, Lizeth Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández argumentan que el esquema actual vulnera los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución. Según la iniciativa, el bloqueo administrativo viola el derecho de audiencia, el derecho de propiedad y el principio de presunción de inocencia, al permitir que la autoridad actúe bajo «meras sospechas».
Impacto económico y social
La propuesta de modificación a los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito sostiene que el congelamiento de activos representa una interrupción inmediata de la vida patrimonial de los ciudadanos. «Es la imposibilidad de pagar una renta, de cubrir alimentos, de sostener una empresa, de pagar una nómina o de cumplir con obligaciones básicas. Es, en muchos casos, una suspensión de facto de la capacidad de subsistencia», señala el documento.
La bancada resalta que esta medida afecta de manera transversal a la sociedad, alcanzando desde grandes empresarios hasta personas que operan en la informalidad o poseen pequeños negocios, al invertir la carga de la prueba y obligar al afectado a demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar sus recursos.
Contraste con la resolución de la SCJN
El planteamiento de los legisladores petistas surge semanas después de que el pleno de la SCJN determinara que la normativa vigente es constitucional. El máximo tribunal argumentó que el procedimiento actual garantiza el derecho de defensa mediante plazos definidos y la posibilidad de ofrecer pruebas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
No obstante, la iniciativa del PT insiste en que la inclusión de una persona en la lista de personas bloqueadas por delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, solo debe proceder mediante una autorización judicial escrita que verifique la existencia de indicios suficientes.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.