Exigen ante el Senado la entrega de recursos correspondientes a indemnizaciones y prestaciones complementarias fijadas en la reforma judicial, cuyo adeudo global afecta a 200 exjuzgadores e implica entre 600 y 700 millones de pesos.
El PRI en la Cámara de Diputados solicitó la liberación de recursos para pagar liquidaciones a 880 jueces cesados, quienes llevan casi dos años sin ingresos. El legislador Miguel Alejandro Alonso Reyes advirtió sobre la violación de derechos laborales y la confianza en el sistema judicial. Se requiere agilidad en los procesos administrativos y suficiente presupuesto.
La Cámara de Diputados aprobó reformas al Poder Judicial que establecen la elección de juzgadores para el 2028, modifican la estructura de la Suprema Corte y promueven la insaculación para la selección de candidatos. Además, se regulará la revocación de mandato y se garantizará la paridad de género en procesos electorales.
La diputada priista Fuensanta Guerrero acusó al grupo oficialista de intentar aplazar los comicios de jueces del 2027 al 2028 para mitigar costos políticos, reconociendo con ello fallas de planeación y riesgos operativos en el modelo.
El diputado priista Luis Gerardo Sánchez confirmó que su bancada votará en contra de los artículos reservados de la reforma, señalando que los cambios propuestos constituyen modificaciones superficiales que no resuelven la impunidad o la inseguridad.
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados rechazó las reformas judicial y electoral, argumentando contradicciones constitucionales y centralización política. Exigieron suspender la discusión legislativa debido a modificaciones que pueden vulnerar la autonomía local y propusieron una agenda alternativa enfocada en proteger el sufragio ante la infiltración del crimen organizado.
La bancada de oposición en el Senado adelantó su voto en contra de las modificaciones del oficialismo, tras señalar retrocesos en la carrera judicial femenina y el intento de reincorporar las salas especializadas y la Escuela Judicial.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, anunció que votarán en contra de las modificaciones a la reforma judicial, argumentando que amenazan el equilibrio democrático y afectan la confianza de inversionistas en el T-MEC. Criticó la falta de independencia judicial y denunció el control institucional del oficialismo en materias electorales y de justicia.
El oficialismo busca procesar la reforma constitucional antes del plazo límite del artículo 105, con un plan que prevé la aprobación en el Congreso federal para el 28 de mayo y el aval de las legislaturas locales hacia el día 30.
El Ejecutivo federal presentó una iniciativa al Senado para reformar el Poder Judicial, proponiendo que las elecciones judiciales se celebren el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con elecciones federales. La reforma incluye la creación de una Comisión Coordinadora para seleccionar candidatos, restringiendo la boleta a dos postulaciones finales.