Un grupo de jueces y magistrados federales en retiro se manifestó este martes en la sede del Senado de la República para demandar el cumplimiento del pago de sus pensiones e indemnizaciones. Los inconformes, quienes dejaron sus cargos en 2024 debido a su desacuerdo con la reforma judicial, marcharon sobre el Paseo de la Reforma vestidos con sus togas oficiales con el fin de solicitar una audiencia con los legisladores.
Manuel Cano, magistrado en retiro, informó que la falta de pagos afecta a un grupo aproximado de 200 juzgadores federales, entre jueces de distrito y magistrados de circuito. De acuerdo con las declaraciones del exfuncionario, el monto económico global en disputa se sitúa entre los 600 y los 700 millones de pesos.
Incumplimiento del artículo décimo transitorio
El representante de los manifestantes detalló que el marco legal vigente respalda su petición económica, pero las instancias correspondientes han omitido su aplicación. “Con la reforma judicial el Senado insertó el artículo décimo transitorio que contempla el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias a los compañeros que decidimos no participar en la elección judicial, actualmente el Órgano de Administración Judicial no está dando cumplimiento a esa disposición constitucional”, explicó Cano.
El magistrado en retiro agregó que los juzgadores ya agotaron la vía jurídica formal y que recurrieron a la movilización como una medida de «resistencia pacífica» ante lo que calificó como un trato indigno por parte de las autoridades competentes.
Restricciones laborales vigentes
La situación económica de los afectados se ve agravada por las normativas de la propia reforma judicial. La magistrada en retiro Elba Sánchez expuso que los juzgadores federales que optaron por no participar en los procesos electorales de 2025 y 2028 tienen prohibido ejercer actividades laborales durante los dos años posteriores a su salida.
Sánchez indicó que esta restricción ha generado dificultades financieras para el gremio. Asimismo, señaló que, a pesar de estar cerca de cumplir el plazo de dos años de veto para trabajar de forma libre, la alta especialización de los perfiles judiciales adquirida tras trayectorias de hasta 30 años de servicio reduce las opciones reales de conseguir un empleo con condiciones dignas en el mercado laboral convencional.
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