La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó un Punto de Acuerdo para exigir al Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la liberación de los recursos para el pago de liquidaciones adeudadas a trabajadores cesados.
A través del documento promovido por el legislador Miguel Alejandro Alonso Reyes, el grupo parlamentario señaló que han transcurrido casi dos años desde la publicación de la Reforma al Poder Judicial en septiembre de 2024. Este lapso sin ejecución de pagos mantiene a unos 880 jueces sin ingresos y con prohibición legal expresa para ejercer el litigio.
El exhorto legislativo detalla que la Constitución federal y la legislación aplicable establecen una liquidación conformada por tres meses de salario integrado y 20 días de sueldo por cada año de servicio. Hasta la fecha, los procedimientos administrativos para cubrir estas obligaciones con jueces y magistrados no se han materializado.
En su exposición de motivos, Alonso Reyes advirtió que la omisión de las autoridades federales constituye una violación a los derechos laborales e individuales de los servidores públicos. El documento recalca que se trata de beneficios adquiridos que forman parte de la seguridad jurídica que el Estado mexicano debe garantizar durante cualquier transición institucional.
Implicaciones presupuestales
El documento instruye específicamente al Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación a establecer de inmediato los mecanismos administrativos transparentes y ágiles para efectuar las transferencias. Simultáneamente, requiere a la SHCP garantizar la suficiencia presupuestal correspondiente para concluir el proceso.
La propuesta enfatiza que la ausencia de resolución erosiona el bienestar colectivo de los núcleos familiares afectados y merma la confianza en el sistema de impartición de justicia. La situación ya ha detonado diversas manifestaciones del gremio judicial que reclama el cumplimiento del mandato legislativo establecido en los artículos transitorios de la propia reforma.
La discusión parlamentaria de este acuerdo exigirá que se aclare técnica y financieramente si los fondos para estas liquidaciones fueron etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, considerando que el bloque legislativo sustenta la cifra de afectados en reportes públicos ante la transición de los padrones oficiales del sistema de justicia.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.