La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció su voto en contra de las reformas judicial y electorales, y exigió suspender la discusión legislativa de dichos dictámenes ante la presencia de contradicciones constitucionales y riesgos de centralización política.
El coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, fundamentó la postura de su fracción documentando que los proyectos de decreto presentan antinomias constitucionales. Específicamente, el legislador señaló contradicciones directas entre los artículos 94 y 97 de la Constitución respecto a los periodos de renovación y el mecanismo legal para elegir la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En materia electoral, el diputado federal alertó sobre las modificaciones al Artículo 35 constitucional planteadas por el oficialismo. De acuerdo con Moreira, estos cambios normativos pretenden habilitar la revocación de mandato de manera concurrente con las elecciones ordinarias de 2027, un esquema operativo que catalogó como una herramienta de propaganda gubernamental.
Respecto al Poder Judicial, la fracción tricolor argumentó que la iniciativa vulnera la autonomía local al obligar a las entidades federativas a sujetarse estrictamente al modelo federal. Además, cuestionó que el dictamen omite establecer como requisito técnico para los aspirantes una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Seguridad en procesos electorales
Como eje crítico del posicionamiento institucional, el líder parlamentario reprobó que el paquete de reformas evada la creación de mecanismos jurídicos para combatir la intervención del crimen organizado. Moreira Valdez sostuvo que la infiltración de grupos delictivos y la captura de gobiernos locales constituyen la vulnerabilidad central del sistema democrático.
Frente a este diagnóstico, la bancada priista presentó una agenda legislativa alterna enfocada en blindar el sufragio. Las propuestas técnicas exigen la tipificación y creación de la figura de Fiscal Especial en delitos electorales vinculados al crimen organizado, así como la instauración de un Comisionado Electoral dotado con facultades de investigación transnacional.
Finalmente, el planteamiento de la bancada contempla disposiciones normativas como la suspensión automática de los procesos electorales ante homicidios de candidaturas, la cancelación del registro a partidos políticos infiltrados y el diseño interinstitucional de mapas nacionales de riesgo electoral para la contención territorial.
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