El nuevo Artículo 49 Bis del Código Fiscal permitirá al SAT inhabilitar sellos digitales en solo 24 días ante sospechas de facturación falsa, obligando a los receptores de dichos comprobantes a regularizarse en un plazo de un mes.
El Senado analiza reformas al Código Fiscal, Ley Federal de Derechos e IEPS del Paquete Económico 2026, enfocadas en salud pública y recaudación.
El diputado Juan Moreno de Haro del PRI, en la sesión del 15 de octubre de 2025, expresó el rechazo a las reformas a la Ley Federal de Derechos del Paquete Económico 2026, argumentando que incrementan costos a ciudadanos y sectores productivos, limitan la regularización migratoria y afectan la competitividad nacional, priorizando la recaudación sobre la eficiencia.
La diputada Verónica Pérez advirtió que el Paquete Económico 2026 incrementa la deuda pública a 20.3 billones de pesos y elimina 11 programas de salud, afectando atención médica y economía familiar.
La SHCP propone un impuesto del 8 % a servicios digitales de videojuegos con contenido violento, que incluiría la mayoría de los títulos jugados en México, aunque aún no se define cómo se determinará la violencia.
El PRI denunció falta de recursos para aplicar la reforma al Artículo 123, criticó el manejo del presupuesto 2026 y anticipó su voto en contra del paquete económico.
La presidenta de México anunció que en el Paquete Económico 2026 se eliminará la deducción de impuestos por aportaciones bancarias al Fobaproa, medida que permitirá recuperar unos 10,000 millones de pesos.
El ajuste afectará programas clave como vacunación y salud rural, mientras expertos y legisladores advierten riesgos para millones de mexicanos sin seguridad social.
Este ajuste se alcanzaría mediante un incremento de los ingresos públicos y una disminución en el gasto, en un intento por lograr una mayor disciplina fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico 2025 al Congreso, orientado a un desarrollo económico justo y sostenible. Se proyecta reducir el déficit presupuestario al 3.2% del PIB y mantener la deuda pública en un 51.4%. No se crearán nuevos impuestos y se priorizará la inversión en infraestructura y programas sociales.