El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha un nuevo esquema de auditorías exprés para detectar irregularidades fiscales, como parte de las reformas integradas en el Paquete Económico 2026. Este mecanismo faculta a la autoridad para realizar visitas domiciliarias rápidas y suspender de forma inmediata la facturación electrónica de contribuyentes bajo sospecha de realizar operaciones simuladas.
La medida se formalizará mediante la incorporación del Artículo 49 Bis al Código Fiscal de la Federación. Este apartado establece un procedimiento especial con plazos reducidos para investigar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) presuntamente falsos, permitiendo el uso de fotografías, audio y video como evidencia legal durante las inspecciones.
Plazos y etapas del procedimiento
El nuevo proceso de fiscalización tendrá una duración máxima de 24 días hábiles, distribuidos en tres etapas fundamentales:
- Inicio de la visita: El SAT emite la orden ante la presunción de operaciones inexistentes y puede suspender el Certificado de Sello Digital (CSD), lo que impide al contribuyente emitir facturas durante la revisión.
- Defensa del contribuyente: El visitado dispone de cinco días hábiles para presentar pruebas y acreditar la materialidad de sus operaciones.
- Resolución: La autoridad cuenta con 15 días hábiles para dictar una sentencia final. Si el contribuyente no demuestra la legalidad de los actos, los comprobantes perderán efectos fiscales.
Impacto en terceros y medidas preventivas
La reforma también vincula a las empresas que hayan recibido CFDI cuestionados. Una vez publicada la resolución, los receptores tendrán 30 días naturales para corregir su situación mediante declaraciones complementarias. De no regularizarse, el SAT podrá restringir temporalmente su facturación hasta que se resuelva la inconsistencia.
Ante el endurecimiento de las facultades de comprobación, especialistas fiscales sugieren a las organizaciones fortalecer sus controles internos. Entre las recomendaciones destacan la verificación constante de clientes y proveedores en las listas oficiales del SAT, así como el resguardo estricto de la documentación que respalde la existencia real de cada transacción comercial para evitar la evasión fiscal.
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