El Jefe de Unidad Departamental de Diversidad Sexual de la Alcaldía Cuauhtémoc, Rodrigo Arce, emitió una alerta pública sobre riesgos a su integridad física y la de su equipo de trabajo. El funcionario responsabilizó de su seguridad a la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, tras denunciar presuntas acciones de intimidación.
A través de un posicionamiento público, el servidor adscrito a la administración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acusó a Sánchez Barrios de irrumpir recientemente en las oficinas de la demarcación. Según el reporte, la movilización incluyó a personas que no residen en la alcaldía, con el propósito de exigir incrementos en los montos de los programas sociales dirigidos a mujeres trans y de la diversidad sexual.
Disputa por política social
El conflicto documenta una fricción operativa sobre los mecanismos de distribución de recursos gubernamentales. Arce argumentó que bajo la actual gestión territorial, los programas sociales tienen un enfoque de atención directa a la población, desestimando las prácticas de presión política y movilización corporativa de grupos de comercio en la vía pública.
«Mi vida, la de mi familia y colaboradores cercanos corre peligro», sentenció el funcionario en su declaración. Pese al riesgo advertido, aseguró que las políticas de su unidad mantendrán los lineamientos institucionales sin ceder ante las exigencias de la dirigente del centro de la capital.
Institucionalización de demandas
Como parte de su respuesta, el titular de Diversidad Sexual propuso que las demandas estructurales de la comunidad sean procesadas mediante vías legislativas y de gobierno central. Instó a Sánchez Barrios a presentar iniciativas formales ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) para abordar el consumo de sustancias.
De igual forma, sugirió dirigir las exigencias sobre el incremento presupuestal para vivienda digna ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), al ser la dependencia con las facultades legales y financieras para dicha cobertura.
Finalmente, el funcionario local documentó que desde otras esferas institucionales se ha intentado minimizar la alerta de seguridad. Señaló específicamente a la funcionaria y defensora de derechos humanos Hilda Téllez, quien habría calificado estas tensiones como «situaciones personales» ajenas a las responsabilidades públicas e institucionales.
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