En la sesión ordinaria del 15 de octubre de 2025, el diputado federal Juan Moreno de Haro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó el rechazo de su bancada a las reformas propuestas a la Ley Federal de Derechos contenidas en el Paquete Económico 2026, al considerar que representan “un nuevo golpe al bolsillo de las personas, al sector productivo y a los servicios esenciales del país”.
Moreno de Haro señaló que los incrementos en materia migratoria son “desproporcionados e insensibles” ante el contexto actual de movilidad humana. Destacó que el aumento del 14.2% en las cuotas para visitantes sin permiso de trabajo, que pasarán a 983 pesos, y la duplicación de tarifas para residentes temporales y permanentes, que alcanzarían hasta 25 mil pesos, limitarán la regularización migratoria. “El mensaje que se manda es que regularizarse cuesta caro; el trámite migratorio se vuelve un lujo”, dijo.
Afectaciones económicas y productivas
El legislador advirtió que los ajustes fiscales también impactarán al sector económico y tecnológico, al incrementar los costos de servicios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Aunque reconoció exenciones menores en el Registro Nacional de Valores, afirmó que “cada peso adicional en derechos y trámites es un peso menos para invertir, innovar o generar empleo”.
En el ámbito aeronáutico y marítimo, criticó los nuevos cobros por concesiones, certificaciones y verificaciones, así como la creación de un derecho de más de 11 mil pesos por análisis de solicitudes de señalamiento marítimo. Según dijo, estos aumentos encarecerán la operación de aerolíneas, aeropuertos y servicios turísticos, afectando la competitividad nacional.
Telecomunicaciones y medio ambiente
Respecto a las telecomunicaciones y radiodifusión, Moreno de Haro reconoció los descuentos condicionados al cumplimiento de cobertura y las extensiones para concesionarios comunitarios indígenas, pero criticó que se mantenga una estructura “desigual” que perjudica a los operadores pequeños. “Reconocer las redes inteligentes sin una política de inclusión digital real es sólo una declaración vacía”, afirmó.
El diputado priista también cuestionó los cambios en materia ambiental y de aguas nacionales, al eliminar el beneficio de exentar pagos mediante certificados de calidad. Sostuvo que la medida incrementará los costos de producción en el sector agrícola e industrial, penalizando a quienes invierten en procesos sostenibles. Además, advirtió que los recursos no acreditados serán considerados créditos fiscales exigibles por el SAT, lo que convierte un asunto ambiental en “un tema punitivo”.
Moreno de Haro concluyó que la propuesta prioriza la recaudación sobre la eficiencia administrativa y el bienestar social, en un contexto de inflación y bajos salarios. “No se puede pedir más sin ofrecer resultados. El problema no es que México no recaude, el problema es que no administra bien lo que recauda”, afirmó.
Finalmente, el legislador confirmó que el PRI votará en contra del dictamen, reiterando su compromiso con la economía familiar, la competitividad nacional y el respeto al esfuerzo ciudadano. “Defender el bolsillo de los mexicanos también es defender la dignidad nacional”, concluyó.
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