El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados ha generado preocupación en el sector salud, uno de los más golpeados por la pandemia de Covid-19. El presupuesto asignado para este sector presenta un recorte significativo del 31%, al pasar de 96 mil 989.9 millones de pesos en 2024 a 66 mil 693 millones para el próximo año.
Este ajuste impactará diversas áreas clave dentro del sector salud, incluidas iniciativas de salud rural, programas de vacunación y proyectos relacionados con la salud sexual, reproductiva e infantil. Estos recortes se enmarcan en el objetivo del gobierno de reducir el déficit público que se acumuló en los últimos dos años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde la designación de David Kershenobich como nuevo secretario de Salud, especialistas del sector habían advertido que uno de sus mayores desafíos sería aumentar el presupuesto y reducir la creciente cifra de mexicanos sin seguridad social, que se disparó de 20 millones a 50 millones de personas en el sexenio anterior. Sin embargo, con el recorte propuesto, estos esfuerzos se ven gravemente limitados.
El diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez, especialista en salud pública, fue uno de los primeros en expresar su preocupación por la drástica disminución del presupuesto en salud. En entrevista con El Sol de México, Ramírez acusó al gobierno federal de no priorizar la salud de los mexicanos, un sector que sigue lidiando con los efectos de la pandemia y con una falta de recursos para enfrentar los problemas de salud pública.
Además de la Secretaría de Salud, los recortes también afectarán otras instituciones clave en el sistema de salud, como la Secretaría de Marina, Defensa, ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar. Estos recortes no solo ponen en riesgo el acceso a servicios médicos de calidad para millones de mexicanos, sino que también dificultan la implementación de políticas públicas que busquen reducir las disparidades en el acceso a la atención sanitaria.
Ante esta situación, los legisladores opositores y expertos en salud pública han exigido una revisión del Proyecto de Presupuesto, alertando sobre las consecuencias que tendrá para la población más vulnerable. La reducción en los fondos destinados a salud podría agravar aún más las condiciones de quienes ya enfrentan dificultades para acceder a atención médica o tratamientos especializados.
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