El 4 de diciembre, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) criticó el dictamen de la Ley General de Aguas, argumentando que no asegura el acceso al agua como derecho humano y centraliza su uso. Destacó preocupaciones sobre la discrecionalidad en concesiones y cómo afecta a productores agrícolas, prometiendo defender sus intereses en el proceso legislativo.
En la sesión del 4 de diciembre de 2025, la diputada Fuensanta Guerrero (PRI) expresó su preocupación por la Ley General de Aguas propuesta, señalando su impacto negativo en comunidades rurales. Advertió sobre la incertidumbre en el acceso al agua y la concentración de poder en una sola autoridad, lo que podría afectar a productores y familias.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó la nueva Ley de Aguas, que busca mejorar la gestión hídrica y garantizar un uso equitativo. La normativa prohíbe la mercantilización del agua y establece sanciones para el acaparamiento. Además, permite a ejidatarios heredar terrenos y rentar en períodos inactivos, sin perder derechos de agua.
Los diputados del PRI, liderados por Rubén Moreira, rechazaron la aprobación de la Ley General de Aguas, argumentando la falta de consulta a pueblos originarios y la disminución de derechos indígenas. Pidieron suspender el proceso legislativo para considerar opiniones de productores y desarrollar una nueva legislación que respete realidades estatales.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Aguas, que regula el derecho humano al agua y refuerza la autoridad del Estado sobre las aguas nacionales. Define responsabilidades gubernamentales, promueve el uso sustentable y equitativo del agua, e incorpora principios de género y cultura. Se establecen sanciones por irregularidades en el uso del agua.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la aprobación de la Ley General de Aguas avanza sin costo político para su partido, a pesar de las protestas de agricultores. La Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó el dictamen, lo que provoca movilizaciones por modificaciones que afectan concesiones y derechos de los productores.
Los diputados del PRI, liderados por Rubén Moreira, rechazaron el dictamen sobre aguas por considerar que no se realizaron cambios significativos y que aumentaría el control estatal. Demandaron la consulta a pueblos originarios y cuestionaron la falta de análisis y soluciones del proyecto, pidiendo suspender su discusión para crear una nueva legislación.
Productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz levantaron el plantón de tractores en la Cámara de Diputados, donde se discute la Ley de Aguas. Liderazgos señalaron que es una pausa temporal para descansar tras más de 30 horas de traslado, pero advirtieron que podrían volver el jueves.
Legisladores del PAN criticaron la nueva Ley General de Aguas, argumentando que no aborda las preocupaciones de los sectores afectados y perpetúa la centralización del manejo del agua. Solicitarán aplazar la discusión para fomentar el diálogo y construir un consenso. Además, advirtieron sobre la falta de inversión y efectividad en la infraestructura hídrica.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, calificó como “insuficientes, ambiguos y cosméticos” los 56 cambios de Morena al dictamen de la Ley de Aguas. El partido exige suspender la discusión debido a que el Artículo 22 aún prohíbe textualmente la transmisión de derechos en concesiones, lo cual, según el PRI, pone en riesgo el derecho a la alimentación y a millones de productores.