La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves en la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas sustanciales respecto a las acusaciones vertidas contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier proceso judicial contra ciudadanos mexicanos debe regirse bajo los principios de legalidad y soberanía.
Sheinbaum defendió su postura como una «decisión responsable» y enfatizó que el sistema penal acusatorio y la Constitución mexicana exigen pruebas suficientes para proceder con cualquier detención solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Fiscalía General de la República.
«Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley», remarcó la titular del Ejecutivo.
Derecho a un juicio justo y soberanía
La mandataria respondió a las críticas sobre su posición frente al expediente abierto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señalando que su prioridad es garantizar que cualquier actor político o ciudadano sea sometido a un juicio justo, independientemente de su filiación partidista o cargo público.
«Se les olvida la más importante, pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano […] debe llevar un juicio justo», afirmó ante los medios de comunicación en Palacio Nacional.
Negativa de extradiciones por parte de EEUU
Como parte de la coyuntura bilateral, la presidenta anunció que el gobierno de Estados Unidos ha negado a México la entrega de 36 personas solicitadas en extradición. Según la explicación brindada por Sheinbaum, las autoridades estadounidenses han rechazado estas peticiones argumentando, precisamente, una «falta de pruebas».
La jefa del Estado informó que estos casos específicos serán presentados la próxima semana, luego de haber analizado el asunto durante la reunión del Gabinete de Seguridad de este jueves. Con esta acción, el gobierno federal busca contrastar los requisitos exigidos por ambos países en materia de cooperación judicial y entrega de señalados por la justicia.
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