Durante la sesión de este 4 de diciembre, la diputada federal Fuensanta Guadalupe Guerrero (PRI) fijó su postura durante la discusión de los artículos reservados del dictamen para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La legisladora expresó su preocupación por los alcances del proyecto y su posible impacto en comunidades rurales.
Guerrero afirmó que el dictamen podría generar incertidumbre sobre el acceso y uso del recurso hídrico. Señaló que, a su juicio, cualquier trámite, omisión administrativa o modificación mínima podría convertirse en motivo para multas, recortes o cancelaciones de concesiones. En tribuna advirtió: “Hoy Morena quiere decidir quién tiene derecho al agua y quién no”.
Señalamientos sobre el impacto rural
La diputada destacó que en entidades como Zacatecas el agua es un elemento determinante para la continuidad de las actividades agropecuarias. Indicó que la disponibilidad del recurso influye directamente en la permanencia de las familias en sus tierras y en su capacidad productiva. “Cuando falta el agua falta absolutamente todo”, sostuvo al referirse a zonas frijoleras, ganaderas y agrícolas del estado.
Guerrero planteó que el dictamen podría afectar la certeza jurídica para las familias que dependen de las concesiones de agua como parte del patrimonio que heredan a sus hijos. Argumentó que las decisiones centralizadas que contempla la reforma podrían generar dudas entre las juventudes rurales sobre sus posibilidades de desarrollo.
Riesgos sobre la administración del recurso
La legisladora también señaló que en regiones con problemas de inseguridad o con menor presencia institucional, la concentración de atribuciones sobre el manejo del agua en una sola autoridad podría generar efectos adversos. Afirmó que el control del recurso hídrico incide directamente en la estabilidad de las comunidades y en su capacidad de mantenerse en sus territorios.
Guerrero aseguró que lo que está en juego es la dignidad del campo y la estabilidad de las familias que dependen del agua para sus actividades productivas. En su intervención, pidió rechazar “una reforma que centraliza y politice el agua” y expresó su desacuerdo con que el acceso al recurso pueda vincularse a procesos políticos futuros.
Finalmente, la diputada manifestó que el PRI no respaldará reformas que, en su consideración, afecten a productores y comunidades rurales. Dirigió un mensaje de apoyo a campesinos, agricultores y productores, reiterando que defender el campo es una prioridad para su grupo parlamentario.
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