El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la discusión y eventual aprobación de la Ley General de Aguas avanza bajo un proceso legislativo ordinario y rechazó que su partido enfrente algún costo político por impulsar la votación en el Pleno. El legislador sostuvo que el calendario y ritmo de la dictaminación fueron definidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En este marco, Monreal explicó que la decisión de acelerar la discusión se tomó al interior de la Jucopo y forma parte de los acuerdos parlamentarios. “No hay costo político, es un proceso parlamentario normal”, señaló al responder sobre la pertinencia de adelantar la votación en un contexto de manifestaciones de productores y organizaciones del campo.
Escenario legislativo
La Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó el dictamen con 28 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Con ello, la iniciativa quedó lista para su debate en el Pleno, mientras continúan protestas de agricultores, ganaderos y diversos sectores productivos en varias entidades del país.
Las movilizaciones se dieron en torno a los cambios que plantea la nueva legislación, entre ellos la prohibición de transmitir concesiones entre particulares y los nuevos procedimientos para heredar títulos. Productores señalaron que estas modificaciones generan incertidumbre sobre la continuidad de sus actividades y la viabilidad de sus tierras.
Contexto de movilización social
El 3 de diciembre se registraron bloqueos carreteros, caravanas y manifestaciones en inmediaciones de la Cámara de Diputados, en protesta por el proyecto de ley. Los inconformes advirtieron que las reformas otorgan facultades discrecionales a la autoridad para renovar o revocar concesiones de uso del agua, además de modificar el régimen aplicable a sectores agrícolas e industriales.
Organizaciones comunitarias y pueblos originarios también manifestaron preocupación por el proceso de consulta, al considerar que no se garantizó la participación suficiente para evaluar los impactos de la reforma. Expertos señalaron que los cambios podrían tener efectos diferenciados en diversas regiones del país.
Debate y posiciones encontradas
El gobierno federal y la mayoría legislativa defienden el proyecto como un mecanismo para garantizar el derecho humano al agua, combatir prácticas irregulares y fortalecer la administración del recurso. Sostienen que con la nueva legislación se prioriza el acceso para consumo humano y pequeños productores.
En contraste, productores y representantes de distintos sectores económicos solicitaron revisar los procedimientos de concesión y la operación del nuevo Registro Nacional del Agua, así como los criterios de reasignación de volúmenes, para asegurar que los cambios no afecten actividades productivas en zonas rurales.
La discusión en el Pleno está programada para continuar durante las próximas horas, mientras legisladores de oposición han pedido ampliar el diálogo con organizaciones del campo y revisar las implicaciones técnicas del dictamen para evitar afectaciones en los estados con mayor presión hídrica.
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