La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. El documento tiene como propósito reglamentar el derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.
Derivado de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el dictamen también incorpora propuestas presentadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. Para la discusión en lo particular, se registraron propuestas de modificación a todos los artículos del proyecto, informó el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué desde la Mesa Directiva.
Alcances de la Ley General de Aguas
El dictamen precisa que la nueva Ley define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento, con base en el artículo 4º constitucional. Asimismo, establece las bases para el uso equitativo y sustentable del recurso hídrico y reconoce la interdependencia del agua con otros derechos humanos.
El marco normativo también clarifica la distribución de competencias entre Federación, entidades federativas y municipios, promueve la cultura del agua mediante programas educativos y reconoce los sistemas comunitarios de agua en localidades indígenas y rurales. El documento enfatiza la incorporación de perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad e intergeneracional en la gestión hídrica.
Reformas a la Ley de Aguas Nacionales
En la Ley de Aguas Nacionales se incorpora el concepto de aguas residuales tratadas y se redefine el Programa Nacional Hídrico, priorizando el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. También se sustituye el Registro Público de Derechos de Agua por el Registro Nacional del Agua.
El dictamen incluye la figura de reasignación de volúmenes, a cargo de “la Autoridad del Agua”, y el establecimiento de un fondo de reserva de aguas nacionales, integrado por volúmenes provenientes de la extinción de títulos o cesiones. Estas disposiciones no permiten considerar dichos volúmenes dentro del cálculo de disponibilidad.
Gestión, verificación y sanciones
La Comisión Nacional del Agua tendrá la facultad de emitir medidas para atender emergencias, escasez y sobreexplotación, así como regular la reasignación de volúmenes. También podrá realizar actos de verificación e inspección, con acceso a información incluso reservada, y sustanciar procedimientos administrativos sancionadores.
El dictamen contempla sanciones por cambiar el uso del agua, transmitir títulos de concesión, o ceder volúmenes sin autorización. Incluye multas, clausuras temporales o definitivas, y la revocación de concesiones en casos de incumplimiento o reincidencia. Además, se tipifican delitos relacionados con la extracción ilegal, desvío u obstrucción de cauces y actos de corrupción en trámites de concesiones.
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