Las y los diputados federales del PRI, encabezados por el coordinador Rubén Moreira Valdez, expresaron su rechazo a la discusión y eventual aprobación del dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. Sostuvieron que no se realizaron cambios de fondo a la propuesta y que, de acuerdo con su postura, se omitió la consulta a pueblos originarios, prevista en el artículo 2 constitucional y en convenios internacionales.
Al inicio de la sesión ordinaria, Moreira pidió suspender el debate para permitir el ingreso al Pleno de una comisión de campesinos, a fin de escuchar sus planteamientos. Solicitó a la Mesa Directiva someter la propuesta a votación, pero ésta fue rechazada por legisladores de Morena y del Partido Verde, según informó el priismo.
Posturas sobre el procedimiento legislativo
En tribuna, Moreira presentó una moción suspensiva al argumentar que el proyecto disminuye derechos para comunidades indígenas y que no se llevó a cabo el proceso de consulta correspondiente. Indicó que el PRI realizó foros en ocho entidades, con la participación de más de ocho mil productores, para integrar sus opiniones y trasladarlas a la discusión legislativa.
El legislador agregó que su bancada propone suspender el procedimiento, efectuar la consulta y elaborar una nueva legislación que considere las realidades de las 32 entidades federativas. También señaló la reciente desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, instancia que, afirmó, atendía a productores de regiones de alta vulnerabilidad.
Críticas al alcance del dictamen
El diputado Humberto Ambriz Delgadillo afirmó que el dictamen no garantiza derechos y concentra facultades en la autoridad federal. Señaló que las disposiciones sobre transmisión de derechos de agua sujetan a autorización de la autoridad los procesos de venta, arrendamiento o herencia de tierras, lo que, dijo, separa la propiedad de la tierra del acceso al recurso hídrico.
Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, legisladores priistas expusieron que el proyecto no incluye soluciones operativas ni un análisis integral de impactos. El vicecoordinador Alejandro Domínguez advirtió que la velocidad del proceso legislativo podría generar errores jurídicos y administrativos.
Los diputados del PRI señalaron que el dictamen centraliza atribuciones en la Federación y limita la capacidad de decisión de estados y municipios. Indicaron que algunas disposiciones podrían generar incertidumbre jurídica, al permitir decisiones amplias o discrecionales sobre concesiones, revisiones y condicionamientos en materia hídrica.
Al cierre de su posicionamiento, la bancada afirmó que productores y productoras requieren diálogo y tiempo para construir una legislación que proporcione certeza al sector. Reiteraron su llamado a suspender la discusión y destacaron que su postura responde a la intención de proteger al campo y mantener la defensa de la seguridad alimentaria.
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