El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazó la Ley General de Aguas, argumentando que su Artículo 22 perjudica a los productores y no cumple con criterios constitucionales. Exigieron mayor consulta a comunidades afectadas y destacaron irregularidades de la Conagua, subrayando la falta de transparencia y estudios sólidos en el dictamen.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, enfatizó la importancia de un debate transparente y técnico sobre la reforma del agua, destacando la necesidad de escuchar todas las voces. Con 23 horas de discusión y más de 220 oradores, abogó por un análisis cuidadoso y plural para garantizar una legislación adecuada.
El diputado Pedro Haces Barba destacó la importancia de la nueva Ley Nacional de Aguas, que busca garantizar el acceso y manejo adecuado del agua en México. La legislación aborda la crisis hídrica, refuerza la gestión estatal y promueve un acceso equitativo, evitando monopolios y asegurando recursos para agricultores y comunidades.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas anunció que el PRI votará en contra de la reforma de aguas en el Senado, argumentando que perjudicará a productores y campesinos al concentrar concesiones en el gobierno. Además, advirtió sobre posibles tensiones sociales y una creciente inconformidad en el sector agrícola debido a recortes y cambios que afectarán el acceso al agua.
Durante la discusión de la Ley General de Aguas, la diputada Claudia Quiñones cuestionó la falta de consulta previa a comunidades indígenas, señalando que no existen documentos que lo acrediten. También expresó preocupaciones sobre la centralización de decisiones en la Comisión Nacional del Agua y el impacto negativo en pequeños productores. Resaltó la falta de recursos para infraestructura hídrica y las protestas de agricultores.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Aguas, regulando el derecho al agua y actualizando normativas sobre su uso. Con 324 votos a favor, la ley reconoce sistemas comunitarios, establece sanciones por irregularidades y crea un fondo para la reasignación de concesiones. Conagua debe implementar normativas secundarias en 90 días.
El 4 de diciembre, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) criticó el dictamen de la Ley General de Aguas, argumentando que no asegura el acceso al agua como derecho humano y centraliza su uso. Destacó preocupaciones sobre la discrecionalidad en concesiones y cómo afecta a productores agrícolas, prometiendo defender sus intereses en el proceso legislativo.
En la sesión del 4 de diciembre de 2025, la diputada Fuensanta Guerrero (PRI) expresó su preocupación por la Ley General de Aguas propuesta, señalando su impacto negativo en comunidades rurales. Advertió sobre la incertidumbre en el acceso al agua y la concentración de poder en una sola autoridad, lo que podría afectar a productores y familias.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó la nueva Ley de Aguas, que busca mejorar la gestión hídrica y garantizar un uso equitativo. La normativa prohíbe la mercantilización del agua y establece sanciones para el acaparamiento. Además, permite a ejidatarios heredar terrenos y rentar en períodos inactivos, sin perder derechos de agua.
Los diputados del PRI, liderados por Rubén Moreira, rechazaron la aprobación de la Ley General de Aguas, argumentando la falta de consulta a pueblos originarios y la disminución de derechos indígenas. Pidieron suspender el proceso legislativo para considerar opiniones de productores y desarrollar una nueva legislación que respete realidades estatales.