Legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos expusieron su rechazo al dictamen de la nueva Ley General de Aguas, cuya versión comenzó a circular desde el viernes por la noche. Durante una rueda de prensa, advirtieron que el proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal, mantiene más de 90 modificaciones realizadas en comisiones y, aun así, “no atiende las preocupaciones de los sectores involucrados”.
La vicecoordinadora Noemí Luna señaló que el proceso de dictaminación evidencia ajustes constantes que, a su juicio, muestran la falta de técnica legislativa. Afirmó que el documento afecta a las actividades primarias, debido a la incertidumbre jurídica que generaría para productores y usuarios del recurso hídrico. Agradeció el trabajo de las y los legisladores del PAN que han participado en la revisión del dictamen.
El diputado Paulo Martínez explicó que el proyecto conserva un esquema que centraliza la gestión del agua en la Federación, limita la operación en los estados y modifica la figura de las concesiones. Señaló que el dictamen incorpora nuevas sanciones penales, amplía supuestos de criminalización y mantiene riesgos para sectores como el campo, la industria y los organismos operadores municipales.
Martínez anunció que el PAN solicitará aplazar la discusión para abrir un espacio de diálogo con productores, gobiernos locales, industria y operadores, con el fin de construir una ley “consensada y técnica”. Destacó que, aunque el dictamen ya no prohíbe la transmisión de derechos de agua, la condiciona a la aprobación de un comité federal integrado por diversas dependencias.
Postura técnica del PAN
El diputado Theodoros Kalionchiz comparó los objetivos declarados del dictamen con su contenido, asegurando que no existen metas técnicas, infraestructura ni presupuesto para garantizar el acceso al agua. Agregó que persisten figuras de criminalización y que la administración del agua quedaría en un esquema discrecional controlado por el gobierno federal.
Por su parte, el diputado Marcelo Torres expuso que la propuesta se presenta sin una previsión presupuestal suficiente. Indicó que el presupuesto para 2025 es de 37 mil millones de pesos y que disminuirá a 36 mil millones para 2026, mientras que la Conagua recauda alrededor de 25 mil millones en derechos y obligaciones. Planteó que más del 45% del agua se pierde en fugas y que 60% de los organismos operadores se encuentran en situación financiera crítica.
Torres añadió que el dictamen no incorpora medidas específicas para fortalecer infraestructura como plantas de tratamiento, telemetría, recarga de acuíferos o tecnificación del riego, y reiteró su preocupación por la falta de inversión multianual que atienda la emergencia hídrica.
Sobre cuestionamientos acerca de infraestructura hídrica en administraciones pasadas, Torres respondió que los gobiernos federales de Acción Nacional incrementaron recursos para los estados y municipios, aunque señaló que los órganos operadores locales deben realizar esfuerzos propios para mejorar el servicio.
En torno al acaparamiento del agua, Martínez afirmó que la autoridad cuenta con herramientas legales para sancionar irregularidades y que, si persisten prácticas indebidas, es por la falta de actuación institucional. También sostuvo que la propuesta legislativa no resuelve problemas como el debilitamiento de la Conagua y la ausencia de supervisión en campo.
Sobre las protestas anunciadas por productores, Martínez mencionó que responden a la pérdida de apoyos y a la incertidumbre respecto a concesiones, volúmenes y financiamiento. La diputada Luna recordó que la Constitución reconoce el derecho a la protesta pacífica y enfatizó que agricultores y ganaderos han expresado sus demandas “ante la falta de atención institucional”.
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