El TEPJF eliminó la variable del INE que buscaba evaluar descalificaciones indirectas en radio y televisión, al determinar que sus criterios subjetivos afectaban la libertad de expresión y la labor periodística para el proceso 2026-2027.
La presidenta sostuvo que la exposición realizada en Palacio Nacional por la consejera jurídica Luisa María Alcalde no buscaba señalar a comunicadores, sino explicar la dinámica con la que operan las campañas en redes sociales.
Acompañado por analistas y abogados, el diputado del PRI advirtió que la regulación sobre derechos de las audiencias afectará la libertad de expresión y permitirá al gobierno clasificar contenidos periodísticos y digitales.
El líder parlamentario del PAN afirmó que las regulaciones sobre telecomunicaciones buscan fijar multas del 1% a concesionarios para limitar críticas, al tiempo que exigió aplicar tratados de extradición con EE. UU. e investigar el presupuesto del INE.
El coordinador parlamentario del PRI alertó en el Congreso sobre lineamientos sancionatorios para medios de difusión y resoluciones del IMPI contra editoriales, tras reportar el asesinato de tres periodistas en el último mes en el país.
El senador Manuel Añorve Baños acusó al gobierno y al INE de censurar a la oposición y buscar el control de los medios, al tiempo que denunció amenazas e intimidaciones contra dirigentes priistas y el hallazgo de una granada en Guerrero.
La iniciativa del diputado morenista Armando Corona Arvizu busca castigar con prisión y multas la difusión de memes o stickers que ridiculicen a servidores públicos.
El senador Manuel Añorve criticó la propuesta de Ley de Ciberseguridad y advirtió que podría acercar a México a un modelo autoritario, aludiendo a Venezuela y mencionando posibles medidas como un “toque de queda”.
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados criticó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, considerándola un retroceso para las libertades en México. Argumentan que permitirá al Estado invadir la privacidad y controlar información mediante vigilancia masiva. Los priistas ven la ley como un ataque a derechos fundamentales y una amenaza a la democracia.