El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velasco, rechazó que la elección de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) haya correspondido a un acuerdo de cuotas partidistas, al tiempo que respaldó que el Congreso revise las facultades operativas otorgadas a la Presidencia del árbitro electoral.
De acuerdo con el legislador, la designación de la consejera presidenta se apegó al procedimiento constitucional de insaculación a partir de las quintetas integradas tras la evaluación de criterios de elegibilidad e idoneidad, proceso que contó con la conducción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En el marco del debate sobre la estructura interna del organismo, Mier Velasco se pronunció a favor de que tanto la Cámara de Diputados como el Consejo General del INE examinen la viabilidad de ajustar el marco legal y reglamentario respecto a las atribuciones concedidas a la Presidencia del instituto para nombrar mandos ejecutivos y colaboradores directos.
El posicionamiento ocurre en medio de los cuestionamientos sobre las capacidades operativas en la cúspide del órgano electoral, tema que requiere, según el senador, un análisis integral entre las instancias legislativas y el propio órgano interno del instituto antes de determinar modificaciones definitivas.
Respecto a la credibilidad de la institución frente a la ciudadanía, Mier Velasco desestimó la existencia de un desgaste tras los pasados comicios y subrayó que la solidez institucional del árbitro electoral radica en su naturaleza de órgano colegiado y no en la actuación individual de alguno de sus integrantes.
Despliegue territorial e implicaciones políticas
Paralelamente, el coordinador parlamentario trazó las proyecciones políticas de Morena con miras a consolidar su presencia territorial y competir por posiciones clave en entidades como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Chihuahua en los próximos ciclos electorales.
Con este planteamiento, la revisión de las facultades ejecutivas en el Instituto Nacional Electoral queda supeditada a los consensos reglamentarios que puedan estructurarse dentro del Poder Legislativo y el propio Consejo General en los próximos meses.
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