La comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad por hombres armados en Nanchital, lo que movilizó a defensores de derechos humanos a demandar que el caso se indague bajo protocolos de libertad de expresión.
El diputado del PAN, Federico Döring, presentó una iniciativa para crear un ombudsman de protección a periodistas en la Constitución, debido al aumento del acoso judicial (51 casos hasta julio de 2025), perpetrado principalmente por funcionarios.
Más de 730 periodistas firmaron un pronunciamiento para defender la libertad de expresión y exigir condiciones seguras para ejercer el periodismo en México.
Desde el 9 de septiembre, cuando iniciaron los enfrentamientos entre las facciones de «La Mayiza» y «Los Chapitos», el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha desplegado estas medidas para mitigar los riesgos a los que se enfrentan estos sectores.
La Unión Europea, Noruega y Suiza expresan solidaridad con la familia de Alejandro Martínez Noguez y llaman a mejorar la protección de periodistas en México tras su asesinato en Guanajuato.
Guadalupe Lizárraga señala al exgobernador de Chihuahua por manipulación de expedientes y tortura en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, exigiendo una investigación exhaustiva.
La organización Reporteros Sin Fronteras instó a los candidatos presidenciales de México a comprometerse con medidas concretas para proteger a los periodistas, dado el fracaso en la protección durante el mandato de López Obrador.
En conferencia exponen detalles del acceso no autorizado desde España y medidas tomadas para proteger datos de periodistas.
La comisionada del Inai, Julieta del Río Venegas, anunció posibles sanciones a la Oficina de la Presidencia por la filtración de datos de periodistas. Destacó la gravedad de la situación y el papel del Inai en proteger la privacidad. Los periodistas afectados pueden tomar acciones legales. Se espera una pronta investigación sobre la causa de la filtración.
El incidente se suma a la creciente violencia contra periodistas en la región, con Guerrero catalogado como uno de los estados más peligrosos para la prensa en México.