El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones buscan imponer sanciones administrativas y promover la autocensura en medios de comunicación al atribuir a una instancia dependiente del Ejecutivo la facultad de calificar la veracidad de los contenidos informativos.
Advertencias sobre regulaciones y sanciones económicas
En declaraciones previas a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el legislador señaló que la norma prevé multas de hasta el 1% de los ingresos de las empresas concesionarias de radio y televisión si difunden información considerada no verídica por la autoridad reguladora.
«Si ellos consideran que un medio de comunicación está publicando algo que según ellos no es verdad, pueden establecer multas (…) por el 1% de los ingresos del medio de comunicación», declaró el senador panista.
Anaya Cortés explicó que, al ser disposiciones emitidas por la vía ejecutiva y no reformas aprobadas por el Congreso, el mecanismo omite la discusión parlamentaria e incentiva a que las empresas radiofónicas y televisivas eviten difundir notas de investigación sobre la administración pública para no arriesgar su viabilidad financiera.
Postura sobre solicitudes de extradición y presupuesto electoral
En relación con los tratados internacionales de cooperación de justicia, Anaya exigió al gobierno federal cumplir con los acuerdos de extradición vigentes con Estados Unidos tras la emisión de órdenes de aprehensión interpuestas por autoridades judiciales del país vecino contra funcionarios estatales. Especificó que la normativa prevé detenciones provisionales de hasta 60 días mientras se desahogan los elementos de prueba correspondientes.
Respecto al presupuesto proyectado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los procesos del año posterior, el coordinador parlamentario sostuvo que el grupo legislativo del PAN revisará la justificación técnica de los recursos requeridos durante la discusión del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, con el fin de evitar un posible desabasto presupuestal que afecte los procesos o genere gastos no comprobados.
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