La diputada federal Paulina Rubio Fernández, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y de diversos cuadros políticos de Morena. La petición surge tras los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos que vinculan a dichos actores con presuntas actividades de la delincuencia organizada.
La legisladora argumentó que es imperativo interrumpir las fuentes de financiamiento de las estructuras políticas señaladas. Según Rubio, el Estado mexicano cuenta con las facultades jurídicas necesarias para proceder con el bloqueo de activos, por lo que instó a la administración federal a ejercer estas atribuciones sin dilaciones institucionales.
Urgencia ante procesos de extradición
La demanda de la diputada panista enfatiza que la acción de la UIF debe ejecutarse de manera inmediata. Rubio señaló que el aseguramiento de los recursos financieros debe ocurrir antes de que concluya el periodo de 60 días de extradición, con el objetivo de prevenir maniobras de lavado de dinero o el ocultamiento de capitales a través de redes familiares.
«Que la acción sea inmediata para evitar que traten de esconder el dinero con familiares no señalados», advirtió la legisladora desde el Palacio Legislativo. La postura de Acción Nacional sostiene que, de no intervenir las cuentas bancarias, existe un riesgo elevado de que los recursos sean utilizados para financiar redes de complicidad que busquen garantizar impunidad.
Contexto de seguridad y justicia
Rubio vinculó esta exigencia con la necesidad de desmantelar lo que calificó como estructuras de financiamiento ilícito dentro del partido oficialista. En sus declaraciones, subrayó que el Ejecutivo Federal ha recibido las herramientas legales por parte del Congreso para combatir al crimen organizado, por lo que la omisión en este caso representaría una falta de voluntad política.
La representante del PAN hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que tome medidas contundentes en contra de la denominada «narcopolítica». La legisladora insistió en que no se puede permitir que los implicados en las denuncias internacionales operen financieramente para comprar protección o evadir la justicia durante el proceso de investigación.
Implicaciones para el federalismo
El señalamiento directo contra un gobernador en funciones escala la tensión entre la oposición y el Gobierno Federal en materia de transparencia y combate a la corrupción. La bancada de Acción Nacional adelantó que vigilará el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para asegurar que se cumpla con el protocolo de vigilancia sobre los políticos bajo sospecha.
Este movimiento legislativo se produce en un contexto de alta sensibilidad por las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en temas de seguridad nacional. La exigencia del PAN busca forzar una definición técnica por parte de la UIF sobre si existen elementos suficientes para proceder con el embargo precautorio de los activos de los servidores públicos mencionados en la denuncia extranjera.
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