El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) informó que mantendrá una postura de exigencia desde la Comisión Permanente para que se inicien investigaciones profundas sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades financieras en diversas instituciones federales. El senador Manuel Añorve Baños afirmó que la bancada insistirá en la rendición de cuentas de exfuncionarios y familiares del anterior titular del Ejecutivo.
Entre las prioridades de fiscalización, el legislador guerrerense destacó la necesidad de auditar los sobrecostos registrados en la construcción del Tren Maya. Asimismo, exigió una investigación exhaustiva sobre el descarrilamiento en el Tren Interoceánico, evento que dejó un saldo de 14 fallecidos y 100 heridos, con el fin de deslindar responsabilidades legales entre los encargados del proyecto.
Auditoría a organismos federales
Añorve Baños enfatizó que el sistema de justicia debe actuar ante el desfalco de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana). En este contexto, el senador priista señaló directamente a Ignacio Ovalle Fernández, exdirector del organismo, como uno de los perfiles que deben ser llamados a cuentas ante las autoridades competentes por el manejo de dichos recursos públicos.
De igual forma, la bancada del PRI puso el foco sobre Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), donde se reportan presuntos desvíos por 13 mil millones de pesos. Según los señalamientos institucionales, estas irregularidades derivan de la compra de medicamentos a sobreprecio y la ejecución de procesos de licitación calificados como falsos por el legislador.
Señalamientos a familiares y gabinete
El senador demandó formalmente que se investigue a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, con especial énfasis en Andrés Manuel López Beltrán. Según las declaraciones de Añorve, existen indicios de participación en redes de negocios gestadas durante el sexenio anterior, lo cual requiere una validación judicial para descartar el uso de influencias en contratos públicos.
La postura del GPPRI también incluyó señalamientos hacia el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, a quien vinculan con interlocuciones irregulares relacionadas con el tráfico de combustible. Además, el legislador mencionó la gestión de Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex, vinculándola con los incidentes operativos y el costo final de la Refinería Dos Bocas.
Exigencia de transparencia técnica
Finalmente, Añorve Baños calificó la gestión de la administración saliente como opaca y contraria a los principios de Acceso a la información. Aseguró que las acusaciones de corrupción no pueden ser ignoradas bajo un «manto de impunidad», especialmente cuando involucran la pérdida de vidas humanas en infraestructura estratégica y el manejo del erario.
El GPPRI adelantó que utilizará los mecanismos legislativos en la Comisión Permanente para presentar puntos de acuerdo que obliguen a las autoridades a entregar informes técnicos detallados sobre estos casos. Para la bancada tricolor, la gravedad de los montos económicos y las implicaciones sociales exigen que Morena responda con seriedad a los señalamientos de la oposición.
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