La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ha instruido al Gabinete de Seguridad para trasladarse a Sinaloa y establecer una mesa de trabajo con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. El objetivo del encuentro es ratificar los términos de colaboración institucional tras la solicitud de licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, garantizando la continuidad de las estrategias para preservar la seguridad en la entidad.
Respecto a la situación jurídica de Rocha Moya, la mandataria explicó el estatus de la denuncia presentada en una oficina del distrito sur de Nueva York. Al respecto, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si existen elementos de prueba suficientes que hagan procedente la solicitud de aprehensión con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Precisiones sobre el proceso de extradición
La administración federal puntualizó que, bajo el Tratado de Extradición vigente, existen diferencias técnicas entre una solicitud formal y una solicitud de aprehensión con fines de extradición. Esta última modalidad se fundamenta en la «urgencia» ante una posible sustracción o la obstrucción de la justicia; sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que, hasta el momento, dicha urgencia no ha sido acreditada con el rigor probatorio necesario.
En este sentido, la FGR ha requerido a las autoridades estadounidenses un mayor número de pruebas que justifiquen la detención provisional. Una vez que se complete dicho expediente, iniciaría un plazo de sesenta días para que la Fiscalía turne el caso ante un juez de control, quien será la autoridad encargada de determinar si la solicitud de extradición es procedente conforme a la legislación nacional.
Defensa de la soberanía y estrategia de seguridad
Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum enfatizó que la soberanía nacional es un principio «no negociable», independientemente de la filiación partidista de los involucrados. Cuestionó la mediatización del caso y defendió la legalidad de los procedimientos, rechazando las críticas de la oposición que sugieren una protección a miembros de su movimiento. «Nosotros no protegemos a nadie», sentenció, vinculando el combate a la corrupción con la disponibilidad de recursos para los programas del Bienestar.
Como antecedente de la política criminal del Estado mexicano, la mandataria recordó que el país ha entregado a Estados Unidos a 94 jefes de organizaciones criminales. Asimismo, subrayó que la estrategia de seguridad vigente ha logrado reducir en un 44 por ciento los homicidios dolosos, citando detenciones recientes de alcaldes vinculados al crimen organizado en municipios como Tequila y Teuchitlán, sin distinción de colores partidistas.
Conexión estratégica de infraestructura
Finalmente, la presidenta desestimó los señalamientos sobre su reciente visita a Palenque, aclarando que el viaje respondió a una agenda programada para supervisar la unión operativa entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya. Calificó como «misoginia» las versiones que sugieren que acudió a recibir instrucciones políticas del expresidente, reafirmando su autonomía en la toma de decisiones sobre la política nacional y la crisis de gobernabilidad en Sinaloa.
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