El Coordinador Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, denunció este viernes la construcción sistemática de un «estado censor» en México. El legislador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de aplicar criterios selectivos para silenciar a la oposición, mientras ignora la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
La declaración surge tras la orden de retirar propaganda del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno. Moreira Valdez argumentó que esta medida del órgano electoral vulnera la inmunidad parlamentaria establecida en el Artículo 61 constitucional, evidenciando un sesgo en las decisiones institucionales.
En contraste con la celeridad para sancionar a figuras opositoras, el legislador señaló la inacción de las autoridades electorales ante la cooptación territorial. Ejemplificó esta omisión con los casos de Ario de Rosales y Cotija en Michoacán, donde operan grupos delictivos durante los comicios.
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Acoso a medios y acciones internacionales
El representante popular alertó sobre un acoso institucional orientado contra los medios de comunicación. De acuerdo con el diputado, existe una presunta estrategia gubernamental que incluye amenazas de pérdida de concesiones y normativas enfocadas en imponer multas económicas a empresas informativas.
Ante estas condiciones, que vinculó con el registro de «listas negras» y homicidios de comunicadores en distintas entidades, la bancada priista acudirá a organismos internacionales. El coordinador comparó esta ruta gubernamental con las acciones ejecutadas por la administración de Daniel Ortega en Nicaragua para capturar las instituciones del Estado.
Postura sobre instituciones educativas
En materia formativa, Moreira Valdez calificó como una medida «novata» la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de prohibir las escuelas militarizadas. El legislador defendió la viabilidad de este modelo, destacando su implementación operativa en entidades como Coahuila.
Finalmente, respecto a los señalamientos de irregularidades en exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el diputado declinó emitir un juicio académico. Reiteró que el principio rector frente a esta controversia debe ser la defensa irrestricta de la autonomía universitaria.
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