El senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, anunció que su bancada votará a favor en lo general del denominado “plan B” de la reforma electoral, pero rechazará la modificación al artículo 35 de la Constitución. Esta postura técnica implica que el ejercicio de revocación de mandato no se adelantará a 2027, como propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, manteniéndose el plazo constitucional vigente para el año 2028.
“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35”, declaró el legislador durante el inicio del debate en el Senado de la República.
Objetivos y discusión del plan B
La sesión ordinaria comenzó alrededor de las 18:30 horas con la discusión de reformas a cuatro artículos constitucionales (34, 115, 116 y 134). Al inicio de la jornada, el pleno rechazó con 77 votos del bloque oficialista una moción suspensiva presentada por el senador Agustín Dorantes, del PAN.
La iniciativa presidencial contempla cuatro ejes fundamentales:
- Modificar la fecha de la revocación de mandato y facultar al Ejecutivo para promover el ejercicio.
- Limitar la integración de los ayuntamientos a un máximo de 15 regidores con paridad de género.
- Establecer un tope presupuestal para los Congresos estatales del 0.70% del presupuesto de cada entidad.
- Acotar las remuneraciones de los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.
Escenario de votación diferenciada
Tras el anuncio del PT, el proyecto cuenta con los votos suficientes de Morena, PT y PVEM para su aprobación en lo general. No obstante, se prevé que la reforma específica al artículo 35 sea desechada mediante el voto conjunto de las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el propio Partido del Trabajo.
Con este resultado, la propuesta de la mandataria para llamar al voto en su favor y realizar la consulta en junio de 2027 o 2028 no alcanzará la mayoría calificada necesaria. En consecuencia, el mecanismo de participación ciudadana permanecerá sin cambios en la Constitución, quedando firme para el año 2028 bajo las condiciones actuales.
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