El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó formalmente una iniciativa de reforma para establecer la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad electoral en México. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, acompañado por el vocero parlamentario del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Ávila Anaya.
La propuesta legislativa contempla modificaciones al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con miras al proceso electoral federal de 2027.
Alcances de la intervención extranjera
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, la causal de nulidad se aplicará cuando se demuestre la participación de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados de los comicios. La norma prevé sancionar la intromisión por vías de recursos económicos, diplomáticas, militares o a través de agencias que busquen inducir el voto de manera inconstitucional.
“Es una forma de reforzar nuestro carácter soberano independiente de cualquier país del mundo que se vea tentado a intervenir en México por cualquier vía”, apuntó Monreal Ávila al explicar el origen de la propuesta.
Con esta adición, el marco constitucional ampliaría su catálogo actual de causales de nulidad, el cual se limita a tres supuestos: el exceso de gastos de campaña por encima del 5% autorizado, la compra o cobertura informativa fuera de los tiempos legales de radio y televisión, y la utilización de recursos de procedencia ilícita.
Comisión de verificación contra nexos delictivos
En el mismo espacio, el coordinador parlamentario detalló los componentes de la reforma electoral complementaria enviada por el Ejecutivo federal. Entre las medidas destaca la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual estará integrada por cinco consejeros electorales.
Esta instancia funcionará como un mecanismo de prevención y vinculación institucional. Tendrá la facultad legal de solicitar información al Centro de Inteligencia Nacional (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre perfiles con «riesgos razonables» de mantener vínculos con la delincuencia organizada. La información recabada se entregará a los partidos políticos, quienes decidirán de manera voluntaria si mantienen o retiran las postulaciones observadas.
Ajustes al calendario electoral y magistraturas
Monreal Ávila confirmó que las iniciativas presidenciales incluyen la postergación de la segunda elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial hasta el año 2028, modificando la proyección original que la situaba en 2027. Esta medida busca desvincular el proceso judicial de la jornada de elecciones ordinarias y de la posible revocación de mandato.
Derivado de este aplazamiento técnico, los magistrados electorales en funciones que concluían su encargo en 2027 recibirán una prórroga de su mandato hasta 2028. Asimismo, el proyecto legislativo plantea un rediseño en la organización territorial a través de la subdivisión de los circuitos en unidades territoriales menores, con el objetivo de reducir el número de candidaturas por boleta y agilizar el escrutinio de los sufragios.
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