La declaración de la mandataria estatal sigue a las recientes modificaciones constitucionales del Congreso de Veracruz, las cuales elevaron del 3% al 10% el padrón electoral requerido para convocar a la consulta de destitución.
Carla Humphrey y Martín Faz alertan que la reducción de salarios y eliminación de bonos electorales provocará demandas laborales y desmotivación. Sostienen que el rechazo a la revocación en 2027 evita un colapso operativo en el instituto.
La mandataria calificó como infundados los temores de la oposición sobre su aparición en las boletas electorales. Pese a la negativa del Senado para adelantar la consulta, celebró el respaldo a las medidas de austeridad y recorte de gastos.
El bloque de senadores del PRI rechazó la reforma de revocación de mandato y austeridad, argumentando que favorece al Ejecutivo con recursos públicos y contradice la Constitución. Denunciaron que transforma la consulta ciudadana en un mecanismo de control electoral, debilitando la democracia y dando poder al Gobierno Federal en futuras elecciones.
El Senado aprobó el «Plan B» de Claudia Sheinbaum con 87 votos a favor y 41 en contra, aunque el bloque oficialista enfrentó una fractura cuando el PT se opuso a la revocación de mandato de 2027. La reforma establece medidas de austeridad que impactan a 2,500 alcaldías y limita el gasto gubernamental.
El senador Ignacio Mier Velazco anunció que la coalición oficialista retirará del «Plan B» electoral la revocación de mandato, priorizando la estabilidad política. Aseguró que, aunque el Partido del Trabajo no apoyará esta parte, la coalición se mantiene fuerte, enfocándose en ajustes presupuestales que beneficiarán el desarrollo social del país.
La bancada del PT se suma a la oposición para impedir el cambio al artículo 35 constitucional, manteniendo la consulta de revocación en 2028. El resto del paquete electoral, que incluye topes presupuestales y reducción de regidores, será aprobado.
Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, criticó la revocación de mandato como una «distorsión de la democracia» y pidió centrarse en la crisis económica y de seguridad en lugar de reformas electorales. Además, denunció la falta de apertura en el debate y advirtió sobre los riesgos de aplicar leyes de forma retroactiva.
El diputado Federico Döring (PAN) alertó que la reforma electoral del ‘Plan B’ busca normalizar la intervención del Ejecutivo en elecciones, lo que podría permitir «trampas electorales». Criticó que se priorice este tema, desvirtuando el debate sobre crisis ambientales y recientemente, el riesgo de financiamiento del narcotráfico en campañas.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden Quiroz, considera prematuro el debate sobre la revocación de mandato y aboga por centrarse en la reforma electoral. Destaca la necesidad de acuerdos políticos y la importancia de cumplir con plazos legales, priorizando normativas que beneficien directamente a la población en este contexto legislativo.