La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y siete exfuncionarios estatales cuentan con fichas rojas emitidas por la Interpol. Esta notificación internacional responde a una orden de aprehensión y una acusación formal por narcotráfico presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos, país que además solicitó la detención provisional del político mexicano con fines de extradición.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló los alcances de la alerta policial internacional y aclaró que la medida se derivó de los procedimientos judiciales iniciados en territorio estadounidense.
“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte de Interpol. Si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, declaró Sheinbaum.
Situación actual y resguardo del exmandatario
La titular del Ejecutivo Federal confirmó que Rubén Rocha Moya se localiza actualmente en su domicilio particular en el estado de Sinaloa. Respecto a las condiciones de seguridad del gobernador con licencia, la presidenta señaló que cuenta con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional, una disposición asignada tras una evaluación previa.
Sin embargo, esta afirmación contrasta con lo expuesto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que el político sinaloense no tiene asignada seguridad por parte de corporaciones federales, sino que su custodia está a cargo de instituciones policiales del estado.
Por otra parte, Sheinbaum indicó no disponer de información sobre si el senador de Morena, Enrique Inzunza —quien también figura en el listado de acusados por las autoridades estadounidenses—, ha solicitado o recibido protección de la corporación federal.
Protocolos de asignación de vigilancia
La mandataria expuso la metodología institucional para el otorgamiento de protección a servidores o exservidores públicos, enfatizando que no depende de una resolución directa de la Presidencia de la República. El proceso requiere de una solicitud formal ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Gobernación (Segob).
Posteriormente, las dependencias aplican criterios técnicos para analizar los niveles de riesgo de los peticionarios antes de determinar la viabilidad del servicio de escolta.
Finalmente, en relación con dos excolaboradores de la administración de Sinaloa que se pusieron a disposición de la justicia norteamericana, Sheinbaum confirmó que ambos individuos entraron en contacto directo con las agencias de Estados Unidos para concretar su entrega voluntaria en ese país.
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