La diputada Selene Ávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, defendió en tribuna la constitucionalidad de los límites a las jubilaciones y pensiones de entidades públicas, argumentando que el marco legal para eliminar las denominadas «pensiones doradas» es técnicamente sólido y se ajusta a los estándares de derechos humanos.
Durante su exposición, la legisladora solicitó la lectura de la tesis jurisprudencial 302 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicho criterio establece que el legislador constituyente puede, por interés general o razones sociales, establecer excepciones al principio de no retroactividad de la ley.
El principio pro persona como base jurídica
Ávila Flores precisó que, tras las reformas en materia de derechos humanos, el artículo 1° constitucional introdujo el principio pro persona. Bajo esta óptica, la diputada sostuvo que la retroactividad es válida «sí y solo sí» se utiliza para ampliar derechos y no para acotarlos, buscando siempre el beneficio de la colectividad.
La legisladora calificó de «marrullero» el argumento de la oposición sobre la inviolabilidad del artículo 14 constitucional en este caso. Aseguró que la ponderación de derechos realizada por el Poder Judicial permite que el bien común prevalezca sobre privilegios individuales, asegurando que su postura no atropella derechos fundamentales.
Legitimidad de origen y control constitucional
En un ángulo diferenciado, la diputada resaltó que la jurisprudencia que hoy permite este avance fue dictada por una Corte integrada mayoritariamente por ministros de filiación priista y panista. «Fue la propia Corte de la oposición la que avaló este criterio de excepción», enfatizó, cuestionando la actual resistencia de dichas bancadas.
Asimismo, Ávila Flores recordó que los cambios realizados a la norma fundamental son inimpugnables, conforme a los criterios establecidos en el Diario Oficial de la Federación desde 2022. Con ello, reafirmó que la actuación del Congreso se ciñe estrictamente a lo que manda la Constitución Federal.
Rechazo a interpretaciones equívocas
La diputada morenista criticó lo que llamó una «interpretación equívoca de la norma fundamental» por parte de los detractores de la reforma. Señaló que no se trata de posturas políticas ideologizadas, sino de un anclaje legal «perfectamente limpio» que busca la justicia social en el sistema de pensiones.
Finalmente, tras concluir sus precisiones jurídicas sobre el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, la legisladora procedió a retirar su reserva. Con este acto, Ávila Flores cerró el debate técnico sobre la retroactividad, instando a las fuerzas políticas a reconocer la validez de los criterios que sus propios partidos impulsaron en el pasado.
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